Así lo demandaron los representantes de las asociaciones pertenecientes al CCU en el transcurso de una nueva reunión con la directora general de Consumo, Bibiana Medialdea, en la que analizaron cómo afecta el confinamiento a los derechos de los consumidores y denunciaron también la “injustificada subida de precios” en el sector de las funerarias.

En relación a este último aspecto, cuestionaron también la “rígida” restricción que no permite la asistencia a los funerales a más de tres familiares y, junto a ello, puntualizaron que la cancelación de vuelos y viajes combinados sigue siendo una de las áreas con mayor número de quejas durante este periodo, según precisó este organismo a través de un comunicado.

Una “conflictividad” que, según las organizaciones, se ve “agravada” por la “actitud” de determinadas compañías aéreas y agencias que se han mostrado “no solamente reticentes a acuerdos, sino clara y públicamente beligerantes” contra las asociaciones de consumidores y usuarios.

Para el CCU, la garantía que ofrece la normativa europea de derecho al reembolso final “no es suficiente”, por lo que pidió al Ministerio de Consumo una “mayor colaboración” con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea como autoridad competente. Además, le exigió una actuación “más decidida” frente a las empresas para que ofrezcan soluciones a los usuarios, que, a su entender, “están aceptando el aplazamiento en el ejercicio de sus derechos”.

Con respecto a las moratorias hipotecarias y en créditos al consumo, las asociaciones alertaron de que algunas entidades están “aprovechando” para incluir “indebidamente” prestaciones adicionales como seguros, “con sus correspondientes primas en la concesión de dichas ayudas” y demandaron que se “aclare” cuáles serán las “consecuencias” de esos aplazamientos.

“Si las medidas adoptadas pueden considerarse como una suspensión del contrato más que como una moratoria, los derechos de los consumidores quedan más garantizados”, aseguraron, al tiempo que plantearon la adopción de otras medidas como los aplazamientos en el pago del renting de vehículos y la gratuidad de los peajes, la paralización del cobro de las primas de los seguros de enfermedad y la asistencia sanitaria en caso de cancelación de las consultas.

Junto a ello, reivindicaron el derecho de los consumidores a decidir la portabilidad de servicios de telecomunicaciones y a no ver incrementados los precios por el cobro de los mismos o a disponer de información sobre cómo actuar ante la “proliferación” de “ofertas fraudulentas” en Internet.

Ante este escenario, las asociaciones advirtieron también con “preocupación” sobre la “acumulación” de reclamaciones que van a experimentar las administraciones tras el estado de alarma y solicitaron una “mayor coordinación” entre el departamento de Alberto Garzón y las autoridades de consumo de las comunidades autónomas.

Finalmente, se interesaron por participar “activamente” en los equipos de expertos para planificar la desescalada de las medidas de confinamiento y aconsejaron un “impulso político” por parte del ministerio en la defensa de los consumidores al tiempo que le emplazaron a instar a las empresas a llegar a acuerdos y a proponer "soluciones satisfactorias en el marco arbitral y del acuerdo”.