Estos portavoces comentaron a doña Leticia que en estos momentos se encuentran cerrados todos los servicios que ofrecen las entidades de atención a personas con parálisis cerebral, a excepción de los residenciales y, además, en éstos se han cancelado las plazas temporales o de respiro y algunos residentes han optado por regresar al domicilio familiar. Servicios como atención temprana, diagnóstico y valoración, educación, formación de adultos o habilitación y rehabilitación, se encuentran suspendidos, según informaron fuentes de La Zarzuela.

Esto impide que puedan ser desarrollados tratamientos esenciales, como fisioterapia respiratoria, logopedia o intervenciones para reforzar el control postural, entre otros, siendo especialmente preocupante en el caso de los usuarios de atención temprana y de aquellos con alteraciones de conducta o afectaciones de salud.

Debido al cierre de los centros, un alto porcentaje de población con parálisis cerebral ha vuelto a convivir durante el estado de alarma con familiares mayores que también son colectivo de riesgo, lo que les hace doblemente vulnerables.

Asimismo, denunciaron que existen enormes carencias en cuanto a Equipos de Protección Individual (EPI), productos para la desinfección y otros materiales de prevención, no solo necesarios para los centros residenciales sino también para las personas con parálisis cerebral que están confinadas y para sus familias. Además, de la falta de EPI están surgiendo problemas de carencia de personal que se está intentando suplir con la participación en la residencia de trabajadores de otros servicios o personal voluntario.

Asimismo, los Centros Especiales de Empleo ven peligrar su viabilidad ante el cierre o reducción de la actividad. Por todo esto, desde Aspace, piden el reconocimiento de las personas con parálisis cerebral y pluridiscapacidad como colectivo de alto riesgo, suministro de forma urgente a los centros residenciales de EPI y material de desinfección, implantación de protocolos de actuación en caso de contagio, garantía en todo momento el derecho a la vida al tratarse de un colectivo especialmente vulnerable y la creación de una bolsa de trabajadores del ámbito social, para la eventual sustitución de profesionales en situación de cuarentena.