En rueda de prensa desde el Palacio de la Moncloa, el ministro hizo referencia a “esta polémica suscitada en redes” y, en su opinión, “artificialmente sostenida”, y aseguró que la orden cumple con el objetivo de garantizar el derecho constitucional a la vivienda y, con ello, impedir que la crisis perjudique a los más vulnerables.

“Esta orden ministerial modifica los programas del Plan Estatal de Vivienda y desarrolla las ayudas a víctimas de violencia de género, personas desahuciadas y sin hogar, habilitando a las administraciones a buscar soluciones habitacionales”, aseguró el ministro, para añadir que “no permite la expropiación de viviendas vacías ni de segundas residencias y ni siquiera se trata de una disposición novedosa”.

“Lo que pretende esta medida es que las comunidades autónomas y ayuntamientos que gestionan el Plan Estatal de Vivienda, con fondos del Estado, puedan encontrar una vivienda para estos casos de personas vulnerables, explicó.

Así, el ministro defendió la “constitucionalidad plena” de la medida y subrayó que “no constituye una gran novedad respecto a la redacción respecto a la utilización del Plan Estatal de Vivienda”.

Por ello, indicó que la orden simplemente habilita a comunidades y ayuntamientos a hacer uso de los fondos destinados para alquilar una vivienda particular si no tienen vivienda pública, que se incrementan en 100 millones de euros. De esta forma, preguntado por si las administraciones públicas podrían forzar a un propietario a alquilar una vivienda al precio que marque la administración, aseguró que “no se puede forzar nada”.

Además, anunció que mañana el Consejo de Ministros aprobará un aumento del techo de gasto para permitir “llevar adelante los planes para la vivienda” que tendrán como objeto 450.000 beneficiarios.