En este artículo, el magistrado sostiene que “se ha producido una exorbitante utilización del estado de alarma” y que “la protección de la salud es una obligación de los poderes públicos, pero sólo puede realizarse a través de las reglas del Estado de Derecho”.

Preguntado por esa afirmación y por si el Ejecutivo cree que alguna de sus medidas podría no sobrepasar el rasero de la constitucionalidad, el titular de Sanidad ha respondido con una lacónica frase que el Ejecutivo dirigido por Pedro Sánchez es respetuoso con la Carta Magna y “no adopta ninguna medida inconstitucional”.

Aragón entiende que “la declaración del estado de alarma no puede legitimar la anulación del control parlamentario del Gobierno, como parece que está sucediendo, porque la Constitución establece que el funcionamiento de las Cámaras no podrá interrumpirse durante la vigencia de cualquiera de los estados excepcionales”.

Explica, además, que el estado de alarma no permite tampoco “la suspensión generalizada del derecho de libertad de circulación y residencia de los españoles, medida que sólo puede adoptarse en el estado de excepción, como determina el artículo 55.1 de la Constitución”.

Para el catedrático, “ordenar una especie de arresto domiciliario de la inmensa mayoría de los españoles, (…) no es limitar el derecho, sino suspenderlo”, una medida que no encaja con lo estipulado para el estado de alarma y que sólo podría ser decretado bajo el estado de excepción.

Tampoco ampara el actual decreto, según Aragón, ciertas medidas económicas y sociales del Ejecutivo basadas en el precepto constitucional que establece que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”.

A su entender “no puede entenderse ni aplicarse al margen de las demás prescripciones constitucionales que garantizan los derechos de los ciudadanos, la libertad de empresa en una economía de mercado, la seguridad jurídica y la proscripción de la arbitrariedad de los poderes públicos”.