En un comunicado, ATUC solicitó a las autoridades que tengan en cuenta estas cuestiones y “sean sensibles a ello para que se pueda asegurar la sostenibilidad inmediata del transporte urbano”.

En la actualidad son varios operadores de transporte público, tanto privado como públicos que se han acogido a varios ERTE para “mejorar la sostenibilidad del servicio y del empleo de sus plantillas”.

ATUC hizo hincapié en que estas empresas son sociedades mercantiles que, aunque de capital público, se rigen por el derecho privado. Por todo ello, “no les es de aplicación la disposición adicional 17ª del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores”, señalaron desde la entidad.

“Lejos de esto, tanto las autoridades laborales regionales como la inspección de trabajo no contribuyen a eliminar toda incertidumbre sobre la absoluta legitimidad de los operadores para acogerse a los ERTE” y es por ello por lo que ATUC, como patronal del sector, pidió a dichas administraciones “la rápida aprobación de los mismos”.