En una comparecencia conjunta en el Palacio de la Moncloa con el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, subrayó que pese a la situación de confinamiento “el Estado de Derecho no se debilita” aunque haya restricciones de movilidad.

Campo se mostró convencido de que “llegaremos al final (de la pandemia) con lágrimas en los ojos pero con orgullo” de haber vencido al coronavirus con el esfuerzo de todos.

El titular de Justicia explicó que esta mañana ha mantenido una reunión por videoconferencia con sus homólogos de la UE en la que han abundado “los mensajes de apoyo y solidaridad”, y todos han podido constatar que la situación de confinamiento “no está afectando al Estado de Derecho". "Se ha restringido la movilidad, pero el Estado de Derecho no se debilita”, dijo.

Los ministros de Justicia europeos han estudiado la posibilidad de implantar medidas “más proporcionales y razonables para la reducción de la movilidad sin afectar a los servicios esenciales”. En España estos servicios permiten sostener el funcionamiento de la Justicia, por ejemplo, en causas con presos, registros civiles o juzgado de violencia contra las mujeres.

La preocupación más acuciante del titular de Justicia es ahora implementar un “plan de choque” que permita hacer frente al aumento de la litigiosidad sobre todo en lo relativo a las relaciones laborales y contribuir activamente “a la recuperación social y económica” cuando termine el período de confinamiento.

Ese plan de actuación, dijo, hará hincapié en el refuerzo de los órdenes social, administrativo y mercantil, los que afectan a las relaciones laborales y a las empresas, y se está intentado implementar en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, con la Fiscalía, las asociaciones de jueces, fiscales, letrados de Justicia, sindicatos y demás actores jurídicos, a los que ha agradecido su esfuerzo y colaboración.

Los ministros europeos firmaron este lunes un manifiesto en el que afirman que “el coronavirus no puede se excusa para debilitar el Estado de Derecho y se han mostrado partidarios de trabajar con prudencia” para alcanzar la “normalidad” tras la “desescalada”.

USO DEL MÓVIL

Sobre el posible uso del teléfono móvil para discriminar a las personas contagiadas de las que no lo están, el ministro advirtió de que “todo lo que se decida tiene que tener un respaldo jurídico” y puntualizó que ya hay países que han impuesto este tipo de controles a quienes se prestan a ellos de manera voluntaria.

Campo aseguró que esta posibilidad se está estudiando y que la Agencia de Protección de Datos ya ha informado al Gobierno de que este tipo de control no supondría una vulneración de la ley en la actual situación.

En cualquier caso, el ministro consideró “lógico” que haya algún medio para marcar, por ejemplo, a alguien “que va al hospital, que da positivo, pero que al estar asintomático le van a mandar a casa”. “A estas personas hay que separarlas, hay que evitar que contagien". De hecho, "hay jueces que están dictando prisión provisional, porque hay personas a las que hay que retirar”, dijo.