El Gobierno ya ha anunciado que planea poner en marcha una nueva estrategia en la lucha contra la pandemia del coronavirus que pondrá el foco en aislar a las personas infectadas que sean asintomáticas que son, según los expertos, los grandes transmisores ocultos de la enfermedad.

En principio, el Gobierno plantea esta iniciativa para aislar con carácter voluntario a las personas que sean positivas pero que no presentan síntomas de la enfermedad y que no pueden cumplir con el aislamiento domiciliario.

Una de las dudas es qué ocurriría con aquellos que dieran positivo en los test masivos que piensa hacer el Gobierno y que se nieguen a cumplir con el aislamiento. Hay juristas que sostienen que el estado de alarma ampara las medidas que se puedan tomar para atajar una crisis sanitaria grave, y que los ciudadanos afectados estarán obligados a confinarse donde se les indique. En este escenario, las resoluciones médicas serían más que suficientes para proceder al aislamiento y la resolución judicial resultaría innecesaria.

Los que opinan que este marco legislativo no es suficiente plantean la posible implantación del estado de emergencia, regulado por la Constitución para afrontar una crisis de orden público y que facilitaría herramientas al Estado para imponer obligatoriamente sus órdenes.

La Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública ampara al Ejecutivo de Pedro Sánchez y establece en su artículo 3 que "con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible".

Anticipando el inicio del testeo de los ciudadanos, el Gobierno ha pedido a las comunidades autónomas una lista de infraestructuras públicas o privadas, como hoteles, albergues, polideportivos o palacios de congresos, que sean aptas para acoger a estos pacientes asintomáticos, que deberá estar lista antes del 10 de abril. Los confinamientos seguirán la realización de más de un millón de test rápidos.

Esa Ley de Sanidad Pública ya se aplica en casos de enfermedades especialmente contagiosas y virulentas, como el ébola o la tuberculosis multirresistente, para aislar a los infectados. En casos de resistencia del paciente, las autoridades recurren a los jueces que dictan su ingreso obligatorio.