En un comunicado indico que el Gobierno regional tramita en las últimas horas almacenamientos temporales para el acopio de residuos sanitarios, así como la autorización a la planta de tratamiento de Valdemingómez, ubicada en Madrid, para que pueda eliminar dichos residuos y complementar el trabajo que realizan el resto de las plantas de tratamiento de residuos sanitarios de la región.

Ante la evolución de la alerta por coronavirus, solicitó al Ministerio de Sanidad el pasado 24 de marzo el establecimiento de un marco común, para todo el territorio nacional, sobre la gestión de los residuos hospitalarios

Esa petición, en forma de carta, se produjo tras la publicación, el 22 de marzo, de una orden del ministerio que, a juicio del Ejecutivo madrileño, creaba inseguridad jurídica a las comunidades autónomas y a las empresas gestoras de residuos.

Por ello, la Consejería de Sanidad requirió criterios homogéneos para todo el territorio nacional "en una cuestión esencial y de salud pública como es la gestión de los residuos sanitarios, puesto que los riesgos sanitarios son los mismos para todo el país. En definitiva, el sistema de recogida y gestión de los residuos generados en instalaciones sanitarias es un apoyo necesario y sustancial para el correcto funcionamiento del sistema de salud pública".

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, expresaba en su carta remitida al ministro del ramo, Salvador Illa, que no deben existir criterios diversos según las regiones para abordar el mismo riesgo en materia de salud pública, desde el almacenamiento hasta el tratamiento de los residuos generados en instalaciones sanitarias.

Para la Comunidad de Madrid, lo excepcional de la situación del estado de alarma por Covid-19, hacía necesaria una actuación inmediata del mando único asumido por el Gobierno de España mediante disposiciones concretas que garantizaran una gestión homogénea en todo el territorio nacional para evitar flujos de una región a otra donde la normativa pudiera ser más laxa.

La Comunidad de Madrid trasladó al Gobierno "una propuesta, de la que no ha obtenido respuesta, con las condiciones técnicas y administrativas que consideraba debían cumplirse, con el objetivo de que se regulase con carácter homogéneo a nivel nacional y se estableciera un marco común para todo el territorio", concluye el comunicado.