El objetico es aportar seguridad jurídica a las empresas del mercado de empleo protegido que se están viendo afectadas por la evolución del Covid-19.

La resolución, dictada por la Dirección General del Servicio Público de Empleo, permite a los Centros Especiales de Empleo (CEE) de la región aplazar hasta el 31 de diciembre de este año el requisito de mantener, al menos, un 70% de trabajadores con discapacidad en sus plantillas.

Esta exigencia será comprobada en esa fecha por la Comunidad de Madrid para justificar la ayuda recibida. Esta disposición aclara también que los CEE que presenten un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) no podrán subvencionar los contratos laborales de los trabajadores que resulten afectados con las ayudas de coste salarial que otorga la Comunidad de Madrid, que sólo el pasado año contaron con un presupuesto de más de 75 millones de euros.

Asimismo, las Unidades de Apoyo a la Actividad Personal que prestan servicios de ajuste personal y social a trabajadores con discapacidad severa podrán seguir con su actividad, de manera telemática, con las personas de este colectivo incluidas en un ERTE o que hayan sido trasladadas a casa.

La resolución también establece que los trabajadores en situación de exclusión social, que desarrollen su trabajo en Empresas de Inserción que presenten un ERTE, se considerarán personal integrante de sus plantillas a efectos del cómputo de los porcentajes.

También en este caso sus contratos no serán subvencionables con las ayudas para el fomento de la integración laboral que concede anualmente la Comunidad de Madrid, al tratarse de trabajadores que recibirán la prestación por desempleo y podrán seguir desarrollando los itinerarios de inserción en los que participan personas en riesgo o situación de exclusión social por sistemas no presenciales.