En una nota, subrayó que las Cáritas diocesanas de estas tres provincias vienen alertando desde la declaración del estado de alarma de esta grave situación de desamparo de esas personas que ya estaban en situaciones de exclusión residencial “y que ahora ven cómo las medidas de confinamiento les limitan aún más su acceso a los derechos humanos”.

Estas personas, recalcó la ong católica, no pueden garantizar el cumplimiento de las medidas de confinamiento. “¿Cómo pueden hacerlo si donde habitan no pueden tener acceso al mínimo vital necesario para vivir con dignidad, con acceso mínimo al agua, la alimentación o a la salud, y malviven en barrancos, cuevas, playas, asentamientos rurales y urbanos, o casas abandonadas?”, se pregunta uno de los responsables de esas Cáritas diocesanas. “Para ellos es una quimera la consigna del `quédate en casa´”, añaden.

Esta emergencia sanitaria se superpone a una situación extrema previa a la crisis, caracterizada por una falta de recursos de primera acogida, carencia total de alojamiento alternativo e imposibilidad de acceso a derechos humanos básicos (salud e higiene, agua potable o alojamiento digno), como detalló en su informe Paul Alston, relator especial de la ONU para la Pobreza Extrema, tras su visita a los asentamientos en febrero pasado.

A raíz de la crisis del coronavirus, según recordó Cáritas, la ONU ha hecho varias recomendaciones para que se garanticen los derechos básicos de las personas vulnerables.

Por todo ello, la organización asegura que “es urgente asegurar las medidas de confinamiento en los asentamientos rurales y urbanos e infraviviendas de las zonas donde residen las personas y familias afectadas”, por lo que pide la convocatoria inmediata de Mesas de Emergencia para facilitar medidas de confinamiento en estos lugares deprimidos, que den lugar a garantizar abastecimiento de agua y alimentos, hacer seguimiento de cuarentenas, y cuidar especialmente de mujeres y niños.