Así lo denunció la AERC a través de un comunicado en el que precisó que esta circunstancia supone la utilización de un mecanismo legislativo "propio de situaciones de urgente necesidad" para conseguir la derogación del marco jurídico autonómico anterior por el que se regían las emisoras municipales, que tenían prohibida la gestión indirecta. Y todo ello, "sin consulta al sector, sin debate parlamentario y sin trámite de alegaciones", lamentó.

Para la asociación, este decreto ley, pendiente de validación por la mesa del Parlamento autonómico, es "contrario" a la legislación estatal básica, que establece que las comunidades autónomas "no tienen competencia para acordar la gestión indirecta de las emisoras municipales" y, además, "dinamita" la "seguridad jurídica" de las emisoras comerciales al añadir, sólo en Andalucía, "cientos de emisoras al mercado" que podrían ser gestionadas "sin la protección a la concurrencia y la idoneidad" que "garantiza" la legislación estatal.

A su entender, también "lesiona irreparablemente" la capacidad del Estado de "planificar y controlar" el espectro radioeléctrico y genera un "trato discriminatorio" entre operadores de radio y entre territorios. Junto a ello, según la AERC, supone una "abdicación" del control de "idoneidad técnica, solvencia y capacidad" necesarios para la prestación de un servicio de radiodifusión "de calidad, plural y competitivo".

En este sentido, criticó que la administración andaluza, en lugar de cerrar las más de 400 emisoras ilegales que operan en su comunidad, "añada un nuevo factor de incertidumbre" a los operadores legales, modificando "por vía de urgencia y de dudosa legalidad, el statu quo radiofónico" de la región. Al mismo tiempo, tildó de "incomprensible" el "cambio de actitud" de la Junta al suspender la prohibición de emisión de publicidad institucional y comercial en las emisoras ilegales.

Por todo ello, instó al Gobierno de Juan Manuel Moreno a que cierre todas las emisoras ilegales que operan en su territorio y suspenda la aprobación por vía de urgencia de un decreto ley que, según su criterio, "altera gravemente la competencia y carece absolutamente de oportunidad".

En paralelo, llamó a los órganos jurídicos del Estado a que "velen" por el cumplimiento del marco jurídico general en materia de radiodifusión y la libre concurrencia en esta materia regulada y volvió a pedir al Ejecutivo central que "optimice" el plan técnico de las telecomunicaciones para "ampliar, en la medida de lo posible", el número de emisoras legales que operan en cada comunidad autónoma.