En la demanda contra la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) se pide que en un plazo de 24 horas se ponga a disposición de todos los centros hospitalarios, de Atención Primaria, SUMMA 112, además de las residencias de mayores y personas discapacitadas, los medios de protección “necesarios y adecuados a fin de preservar la salud de los trabajadores” frente al Covid-19.

CSIF pide al TSJM que establezca la obligación de la Consejería de Sanidad “de no incumplir y atenerse” al protocolo del Ministerio de Sanidad del pasado 26 de marzo.

En caso de desatender estas obligaciones, CSIF pide se establezcan multas a razón de 1.000 euros por cada trabajador que se acredite que está desatendido en cualquier centro de la Comunidad.

Esta demanda se presenta un día después de que CSIF nacional haya interpuesto una denuncia ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el ministro de Sanidad, por su gestión de la crisis del coronavirus.

CSIF Madrid, en su escrito ante el TSJM, pide todas estas medidas cautelarísimas en materia de derechos fundamentales (derecho a la vida y a la integridad física) y de prevención de riesgos laborales, por no poner a disposición de los trabajadores de los hospitales y residencias de la Comunidad de Madrid mecanismos de protección “mínimos y suficientes”.

Según este sindicato, la Consejería de Sanidad ha actuado con “claro desprecio” al Real Decreto que estableció el estado de alarma, ya que no tomó las medidas de prevención necesarias para proteger la salud de sus trabajadores.

En la demanda se indica que “todo este colectivo de trabajadores va a desempeñar sus funciones sin la necesaria protección sanitaria, lo cual ocasiona un grave peligro para ellos y para los usuarios, toda vez que existen empleados prestan servicios de ayuda a domicilio a personas de avanzada edad y dependientes, realizando tareas tales como limpieza del hogar o aseo personal de los usuarios, entre otras muchas que implican el contacto directo con los mismos”.

Asimismo, este sindicato denunció que “pese a la interposición de cinco denuncias en diferentes centros y una colectiva dirigida al SERMAS, la Consejería persistió en no facilitar a su trabajadores los equipos de protección individual, toda vez que se ha limitado a entregar una serie de material que resulta notoriamente insuficiente caducado en ocasiones; material que no cumple los protocolos establecidos, proporcionando en ocasiones material del todo inadecuado e insuficiente, como un todo vale, poniendo así en riesgo la salud de los trabajadores y de los pacientes y acompañantes”.