Asimismo, solicitó una “mayor concreción” en este sentido, “para generar confianza y certidumbre en este sector, en lugar de anunciar nuevas medidas que rompan el equilibrio entre las partes y desprotegiendo a una de ellas”. En su opinión, “no se pueden anunciar créditos sin justificar pormenorizadamente su modelo de financiación”.

“Mencionan entre sus medidas que estos créditos se financiarán con cargo al Plan de Vivienda y con los microcréditos del ICO, pero el actual Plan 2018-2021 está ya comprometido y los créditos del ICO ya se encuentran contemplados en el primer Real Decreto”, consideró Pérez.

Dijo que es “imprescindible justificar de dónde saldrá la financiación” y consideró que “estas medidas trasladan el endeudamiento de los inquilinos a futuro y cargan en los arrendadores profesionales el esfuerzo de este momento, asumiendo el coste de la devolución a futuro”.

Asimismo, lamentó la oportunidad perdida por parte del Gobierno central de fomentar la mediación en los contratos a cambio de garantizar o financiar el pago de las rentas, contribuyendo a reducir el precio de los arrendamientos y no consolidando los actuales.

Pérez también censuró que se hayan anunciado ayudas “sin dar certeza a los afectados de cuándo comenzarán a recibirlas" y alertó sobre la posibilidad de que el Estado "traslade, una vez más, la carga administrativa a las entidades financieras que gestionen los créditos ICO". “Mientras no haya una mayor concreción, las situaciones podrán llegar a ser límite en numerosos casos”, añadió Pérez,

“Estas decisiones, tal y como señalan los gestores de arrendamiento, supondrán que la moratoria y la devolución en el tiempo correrá a cargo de estos, sin explicar el Gobierno central razonadamente el criterio patrimonial, que en muchos casos afecta a pequeños ahorradores a los que solo generará mayor morosidad en el futuro", concluyó.