“Los trabajadores de Servicios Sociales pasarán a tener consideración de servicios esenciales, de forma que los servicios que prestan puedan garantizarse”, señaló Álvarez en una rueda de prensa telemática tras reunirse con los consejeros autonómicos del ramo en el Consejo Interterritorial de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia.

Esto implica la flexibilización de la cualificación exigible a los nuevos contratados para reforzar los servicios sociales, como se ha hecho con el personal sanitario. Además, este órgano ha acordado el reparto entre los diferentes territorios de los 300 millones de euros aprobados por el Consejo de Ministros para crear un “escudo social” y proteger a los más vulnerables.

No obstante, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que dirige Pablo Iglesias, desconoce el alcance del coronavirus en las residencias y centros de mayores, según reconoció el director del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), Luis Barriga.

Tampoco sabe cuándo llegarán los Equipos de Protección Individual (EPIs) que reclaman los trabajadores para atender a los mayores infectados ni cuándo podrán disponer de las pruebas PCR para detectar el coronavirus tanto en el personal como en los residentes.

“Los datos de las personas que están falleciendo en residencias no nos llegan directamente, son datos que las residencias remiten a las consejerías de Sanidad, y es Sanidad quien debe informar de los fallecimientos”, dijo Álvarez.

El director general del Imserso reconoció, por su parte, que “somos todos conscientes de que en este momento hay dos necesidades básicas en las residencias”, refiriéndose a los tests y a los equipos de protección para el personal. “Estamos barajando distintas posibilidades para implantar la necesidad de que se hagan pruebas a todo el personal que está prestando atención en los servicios sociales”, dijo. Sin embargo, “no sabemos tiempos exactos, pero se baraja”, agregó.

Preguntada por las personas sin hogar afectadas por la pandemia, la directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, Patricia Bezunartea, señaló que desconocen el alcance del virus entre este sector de la población, aunque “se está atendiendo a través de las redes ya existentes” con ayuda del Ejército.

Según el secretario de Estado, “este Gobierno, por primera vez, a diferencia de otras crisis, ha empezado a prevenirla reforzando los servicios sociales; nuestro compromiso es total en este sentido”, dijo poniendo de relieve los 600 millones de euros aprobados el pasado martes, que incluyen una flexibilización de la regla de gasto de hasta 300 millones para que los ayuntamientos puedan reforzar los servicios sociales.

Álvarez también señaló los 25 millones “para garantizar que se siguen prestando ayudas de becas comedor” aunque los colegios permanezcan cerrados. Asimismo, señaló que el Gobierno ya trabaja en medidas para las familias monoparentales.

Por último, el director general para las Políticas de la Discapacidad, Jesús Celada, aclaró que entre las medidas extraordinarias por la declaración del estado de alarma se contempla que las personas con discapacidad puedan salir a la calle como medida terapéutica sin ser sancionadas.

En este sentido, apeló a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que tengan en cuenta que estas personas “pueden dar paseos terapéuticos” junto a un acompañante.