La Guía establece que el afectado, además de ponerse en contacto con el servicio de salud pública correspondiente y seguir sus instrucciones, deberá informar a sus superiores orgánicos, ya sea un Tribunal Superior de Justicia, la Secretaría de Gobierno, el Fiscal Superior o el Instituto de Medicina Legal, y a su entorno laboral más cercano. También deberá comunicar la situación de incapacidad temporal a través de los cauces establecidos.

Esa información será puesta en conocimiento de la Comisión Judicial de Seguimiento constituida en cada comunidad autónoma con el presidente del Tribunal Superior de Justicia a la cabeza, que la trasladará a las autoridades sanitarias competentes y a los delegados de prevención de riesgos laborales locales.

Al mismo tiempo, los responsables de cada cuerpo profesional (jueces, fiscales, forenses, funcionarios, etc) remitirán información urgente a su personal, dándoles cuenta de lo sucedido y de las recomendaciones sanitarias en caso de haber tenido contacto estrecho u ocasional con el afectado.

También deberán recabar la declaración responsable de las personas de su colectivo que hayan tenido contacto estrecho con la persona que haya dado positivo y remitir dicha relación al responsable de prevención del cuerpo correspondiente.

A continuación, la Comisión de Seguimiento ordenará la limpieza de la sede, mientras que el Tribunal Superior de Justicia dará instrucciones a los jueces decanos para la reorganización de los servicios afectados y adoptará las decisiones organizativas y gubernativas que procedan, tales como el refuerzo de plantillas o la habilitación de otras sedes, para la prestación de los servicios esenciales.

La Guía, que está disponible en la web del Poder Judicial, incluye dos anexos: Uno sobre las actividades y el riesgo de exposición en el que se explica qué se entiende por contacto estrecho con un afectado por coronavirus y otro con el modelo de declaración responsable.