La fundación presidida por el expresidente José María Aznar, en un análisis realizado por Santiago Álvarez García, profesor de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, valora las distintas medidas adoptadas para responder al impacto económico de la crisis causada por el Covid-19.

Según este análisis publicado por FAES, “llama poderosamente la atención la resistencia del Ejecutivo a adoptar las medidas tributarias” que requiere una crisis como la del coronavirus.

Destaca que “la única medida efectiva” se incluyó en el real decreto al permitir el aplazamiento de las deudas tributarias de las pymes cuyo plazo de declaración e ingreso finalice entre los días 13 de marzo y 30 de mayo, con límite conjunto de 30.000 euros por obligado tributario.

Para el analista, “buena prueba del desconcierto” del Gobierno se encuentra en la suspensión de plazos para la tramitación de los procedimientos administrativos en todas las entidades del sector público.

A su juicio, el Gobierno “o carece del necesario rigor técnico al diseñar esta norma o carece de la sensibilidad necesaria” ante los problemas que tienen que afrontar los contribuyentes que se han quedado sin ingresos para pagar impuestos y cotizaciones sociales.

Fuera de este ámbito de los aplazamientos, de reducciones impositivas “no hay prácticamente ni una palabra”, prosigue el texto. “Solamente la exención de tributación de la cuota gradual de documentos notariales a las escrituras de formalización de las novaciones contractuales de préstamos y créditos hipotecarios que se produzcan al amparo de las normas promulgadas”, añade.

Sostiene el autor en este análisis de FAES que “la soledad de esta medida apunta en este caso a un interés publicitario más que a la búsqueda de efectividad en sus actuaciones”. También se queja de que no hay “ni medidas en favor de autónomos, ni de empresas, ni de contribuyentes individuales”.

Y todo ello, reflexiona, “mientras ayuntamientos como el de Madrid exprimen las posibilidades que les otorga la Ley de Haciendas Locales para disminuir el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el de Actividades Económicas o las tasas locales” y, sin embargo, “ni una actuación por parte del Gobierno”.

Por todo ello, “el panorama apunta a la desolación”, con locales cerrados por los que habrá que pagar el IBI; negocios sin ingresos pero con obligaciones fiscales; o autónomos sin actividad, pero obligados a seguir cotizando a la Seguridad Social. “Suma y sigue”, arguye el analista.

La “avalancha legislativa” del Gobierno con distintas medidas para responder a la crisis por el Covid-19 es la “expresión de un Gobierno desbordado y desnortado, que va muy por detrás de una crisis de consecuencias incalculables”, subraya el autor.

Concluye advirtiendo al Ejecutivo de que “o rectifica rápidamente, aparca sus prejuicios ideológicos y aprueba nuevas medidas que la situación requiere, o el infierno fiscal del que muchos alertábamos acabará por consumir buena parte de nuestra economía”.