Según los grupos proponentes, el objetivo de la comisión sería "investigar la existencia de estructuras opacas por la adjudicación de contrato, las posibles cuentas irregulares a paraísos fiscales, el presunto blanqueo de capitales, así como otras actividades irregulares o corruptas en las cuales haya habido la participación del rey emérito, Juan Carlos I, u otros miembros de la Familia Real española".

Se centraría en "la trama vinculada a las presuntas ilegalidades cometidas por miembros de la Casa Real y las influencias políticas, diplomáticas y comerciales con Arabia Saudí" y la adjudicación de contratos comerciales como el del AVE La Meca-Medina, cuyas obras realizaron empresas españolas y del que podría haber derivado la presunta donación del rey árabe a don Juan Carlos que se depositó en una cuenta en Suiza.

En la exposición de motivos, la solicitud menciona el comunicado de la Casa Real que atestiguó que el rey Felipe renunciaba a la herencia de su padre, de cuya cuenta suiza aparecía como beneficiario, y le retiraba la asignación que le correspondía con cargo a los Presupuestos. Los grupos entienden que este comunicado fue "una confesión en toda regla" de la veracidad de las informaciones publicadas acerca de las irregularidades financieras del Rey emérito.

La comisión duraría seis meses prorrogables, podría llamar a los comparecientes que considerara necesarios y solicitar documentación a órganos jurídicos, y la formarían dos diputados por cada grupo. Trasladaría sus conclusiones al Ministerio Fiscal.

La Mesa del Congreso ya rechazó este mes dos peticiones similares de comisión de investigación registradas, una, por Unidas Podemos y ERC, y otra, por el Grupo Parlamentario Plural a petición de Compromís y la propia ERC.

El PSOE, el PP y Vox unieron sus votos en la Mesa para no calificar las peticiones, siguiendo el criterio de los servicios jurídicos del Congreso, que recordaron que la Constitución declara inviolable la figura del monarca y estimaron que don Juan Carlos seguía gozando de esta prerrogativa pese a su abdicación en 2014.

Precisamente, Junts registró también hoy una proposición no de ley para que el Gobierno presente un informe que acote el concepto de "inviolabilidad", junto a una serie de preguntas parlamentarias para respuesta escrita sobre las noticias publicadas sobre las actividades del Rey emérito, su conocimiento por parte del actual monarca y sobre por qué no se trasladó la información a la opinión pública.