Esta es una de las medidas que se han tomado en el seno del Comité de Crisis que la PTS ha constituido para hacer frente a la emergencia social derivada del Covid-19, según explicó el presidente de la PTS, Luciano Poyato.

En este sentido, pone de manifiesto la necesidad de que se reconozca a las entidades de Acción Social como prestadoras de servicios básicos para la ciudadanía, ya que esto obedecería a dar prioridad en el abastecimiento de EPI para personas, tanto trabajadoras como voluntarias, que atienden a grupos de riesgo y, por otro lado, de obtener los permisos de movilidad precisos para atender a aquellos que no pueden o no deben salir de sus domicilios.

“Nuestro trabajo es fundamental para garantizar la protección de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad y pobreza, y para atender las necesidades básicas que nuestras entidades prestan a más de seis millones de ciudadanos, pero necesitamos medios para poder seguir haciéndolo con la máxima seguridad posible y proteger tanto a los trabajadores y voluntarios, como a las personas que atendemos”, subrayó Poyato.

De la misma manera, asegura que “las consecuencias del Covid-19 afectarán a toda la sociedad, pero incidirán en mayor medida sobre las personas en situación de vulnerabilidad. Y más si tenemos en cuenta que aún muchas no habían logrado superar los efectos provocados por la crisis socioeconómica de los últimos años, por lo tanto necesitamos garantías jurídicas ya”.