Según su presidenta, Carolina Elías, el Ejecutivo "no ha tenido en cuenta la histórica desigualdad en sus condiciones laborales frente al resto de trabajadores". "El presidente del Gobierno dijo ayer que no iba a dejar a nadie atrás, pero desde el minuto cero están dejando fuera a más de 630.000 trabajadoras domésticas", denunció.

"Una vez más, las empleadas de hogar y cuidado se ven olvidadas por las políticas del Gobierno, a pesar del gran esfuerzo que hacen al seguir yendo a trabajar y garantizar los cuidados de los grupos que más lo necesitan", agregó Elías.

Asimismo, señaló que muchas de estas trabajadoras han sido despedidas, con lo que se han quedado sin fuentes de ingresos y sin acceder a las ayudas estipuladas por el Gobierno. Muchas de ellas "lideran hogares monomarentales y tienen especiales dificultades para conciliar el cuidado de sus hijos y para afrontar el alquiler", por lo que reclamó que, igual que al resto de trabajadores que cotizan a la Seguridad Social, les permitan acceder a permisos remunerados para el cuidado de hijos, así como a exenciones fiscales por ser un colectivo especialmente afectado.

Además, indicó que hay casos de mujeres que siguen teniendo que ir a trabajar a quienes "la policía ha empezado a exigir el Certificado Acreditativo Individual de Necesidad de desplazamiento personal por motivos laborales".

Explicó que se exponen a una multa si están a más de 300 metros de su domicilio y carecen de ese documento, y lamentó que no se ha tenido en cuenta que cerca de un 30% de ellas trabajan en la economía sumergida, "sin contrato laboral o sin documentación en regla, por lo que los empleadores se niegan a facilitar este documento". Por ello, exigió medidas de protección para ese 30%, "sin discriminar su situación administrativa".