En una carta dirigida al ministro de Sanidad, Salvador Illa, CSIF señaló que los criterios de aplicación de la resolución ministerial de Función Pública del 12 marzo y del decreto de alarma “se están aplicando de manera dispar en las diferentes administraciones”.

“A día de hoy nos encontramos con que se ha cerrado la atención al público en varios ministerios, mientras que en la Administración de Justicia se han establecido unos servicios mínimos como si de una huelga se tratase”, señalaron desde el sindicato.

Asimismo, denunciaron que varios ayuntamientos han dictado instrucciones en el sentido de que los trabajadores que se ausenten de su puesto de trabajo “deberán justificarlo como vacaciones o días de libre disposición”.

Estos y otros ejemplos aportados por CSIF, generan, por un lado, “inseguridad jurídica para el conjunto de los empleados públicos” y, por otro, “un trato diferencial según en qué administración y ámbito territorial trabajen, sin tener en cuenta que las medidas que deben implementarse ante esta emergencia de salud pública deben priorizar la protección de la salud de los trabajadores”.