Los directivos de estos servicios quieren “destinar todos los recursos del servicio a atender a las personas con mayor grado de dependencia y mayor necesidad de cuidados” limitando la prestación en aquellos casos más leves y que puedan ser atendidos por sus familiares en la situación de confinamiento.

La asociación también instó a “prestar servicios de compra para evitar en lo posible la salida del hogar de personas mayores o con situaciones de dependencia” e “incrementar la oferta de comidas a domicilio a personas mayores afectadas por el cierre de comedores del mayor”.

Para compensar la atención presencial y evitar el contagio, los gerentes de servicios sociales proponen intensificar la teleasistencia en coordinación con los servicios de ayuda a domicilio y, así, detectar posibles situaciones de necesidad e intervenir de forma “rápida y eficaz”.

Y es que “la red de servicios sociales, con medio millón de profesionales, atendemos en sus domicilios o en centros residenciales a personas y colectivos especialmente vulnerables, en su salud o en sus condiciones de vida, por la grave epidemia de coronavirus”.

Entre sus demandas también se encuentra ampliar el crédito de 25 millones que aprobó el Gobierno la semana pasada para los servicios sociales y que se incremente hasta los 400 millones, de manera que los trabajadores sociales “puedan responder a las necesidades sociales de las personas más frágiles económicamente y con mayores necesidades de cuidados”.

También reclamaron “medidas excepcionales” para agilizar la concesión y pago de Rentas Mínimas de Inserción y Ayudas de Urgencia. “Los cuidados y la alimentación de los menores en hogares en situación económica extremadamente precaria puede resultar imposible si no se agiliza la concesión de estas ayudas”, explicaron

Por eso, exigen a las comunidades autónomas que adopten medidas para que se aprueben “de forma automática todos los expedientes de rentas mínimas de inserción que tengan informe social de prioridad, las ampliaciones o revisiones, así como aquellas que estén esperando resolución desde hace más de dos meses”.

Aunque el Ejecutivo mantendrá las becas comedor durante el cierre de colegios, los directivos de Servicios Sociales también llamaron a “asegurar la adecuada alimentación de menores de familiar con economías precarias afectados por el cierre de los comedores de los centros escolares”.

Y es que “la decisión del cierre de estos comedores pone en una situación muy difícil a los niños y niñas de familias con economías precarias, incapaces de asegurar una alimentación suficiente y equilibrada”. “Hay que priorizar ayudas económicas de manera urgente, con el único requisito de la valoración de esta necesidad por parte de los servicios sociales de la entidad local”, demandaron.

Por último, pidieron otras medidas como medicalizar las residencias y centros de mayores para “aliviar la presión en los centros hospitalarios” y reducir el riesgo de contagio “en una población tan vulnerable como son las personas mayores”; así como reconocer al personal de servicios sociales “personal esencial” y que los vecinos se organicen entre ellos para atender las necesidades de los más limitados.