“Nos horroriza y escandaliza la escenificación de Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Charles Michael, presidente del Consejo Europeo, en su visita a la frontera greco–turca, donde dieron su apoyo explícito a la respuesta inhumana del Gobierno griego, aprobando así la violencia ejercida contra población civil indefensa y las devoluciones automáticas en estas terribles circunstancias”, denuncian las cuatro entidades en la carta.

En el escrito, dirigido a los ministros de Interior y de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, trasladan su preocupación ante la grave situación en la que se encuentran las personas migrantes y refugiadas en Grecia, y preguntan al Gobierno español “qué papel van a jugar los efectivos que supuestamente enviará España a la frontera turco-griega”.

“La protección de las personas refugiadas no es algo que los países puedan eludir a su antojo. Grecia debe hacer valer el derecho de asilo, y la UE debe prestarle apoyo. El derecho de asilo es innegociable. Lo que estamos presenciando en la frontera greco-turca es una crisis de humanidad creada por Europa”, señalan.

Las organizaciones lamentan que las conclusiones del Consejo extraordinario de Ministros de Interior de la UE, que tuvo lugar el pasado miércoles, apunten más “hacia el refuerzo de las fronteras” y la prohibición de movimientos tanto de las personas migrantes como refugiadas, que a la protección de las personas frente "a la violencia sufrida estos días".

“Es imprescindible tener en cuenta que esta medida se toma en un momento en que el conflicto en Siria se desata con la máxima violencia contra la población civil en el norte del país, con un brutal coste de vidas, heridos y familias buscando desesperadamente un lugar seguro donde sobrevivir”, contextualizan.

También denuncian que “las tensiones de estos días en la isla de Lesbos demuestran una vez más el fracaso de Europa en la protección de hombres, mujeres y niños que huyen de los conflictos”.

Según sus datos, cerca de 40.000 personas migrantes y refugiadas permanecen atrapadas en las islas griegas, “abandonadas a su suerte” como consecuencia del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, a lo que se suma los incidentes provocados por grupos extremistas “que impiden la llegada de embarcaciones a la costa y atacan a activistas y a vehículos de periodistas, trabajadores de ONG y personal voluntario”, indican.

CRIMINALIZACIÓN DE VOLUNTARIOS

En el documento, Amnistía Internacional, CEAR, la Coordinadora de ONGD y Médicos sin Fronteras denuncian la criminalización de las personas migrantes y refugiadas, así como de quienes intentan ayudar.

Tal criminalización “sólo puede contribuir a que se incrementen los ataques racistas y xenófobos que ya se están produciendo, en lugar de combatirlos”. “Los Estados tienen derecho a controlar sus fronteras, pero no deben hacerlo a costa de erosionar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”, recalcan.

Ante esta situación, las organizaciones exigen al Gobierno español que: apoye a Grecia para que el derecho de asilo sea garantizado, que desapruebe explícitamente el uso de la fuerza contra civiles por parte del Gobierno griego, y llame al fin del uso excesivo y desproporcionado de la fuerza y que adopten medidas urgentes y adaptadas a la magnitud de la crisis que garanticen la protección de los refugiados sirios.