De esta forma, los objetivos quedan aprobados de forma definitiva, cumpliendo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que establece que, una vez recibida la aprobación del Congreso de los Diputados, los objetivos deben ser aprobados también por el Senado.

Durante el debate de la senda, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, resaltó la importancia de aprobar estos objetivos para “dar otro paso más para que este país cuente con otras cuentas públicas” que reflejen las prioridades del Gobierno de coalición y hagan compatible “el crecimiento económico y el social”. En este sentido, recordó que la senda vigente, aprobada por el PP en 2018, es “irreal” y que “nació caduca”, además de no ser “reflejo del país en el que vivimos”.

En esta línea, hizo un llamamiento a la responsabilidad por parte del resto de partidos políticos para no seguir con los Presupuestos de 2018 prorrogados y “que las ganas de acordar medidas que mejoren la vida de las personas estén por encima de intereses partidistas” y criticó a quienes “bloquean el país y mantuvieron al Gobierno en funciones durante nueve meses”.

Además, apuntó que el rechazo a la flexibilización del déficit tendría consecuencias como que las comunidades autónomas tengan dos décimas de PIB menos de capacidad de gasto, lo que se traduce en alrededor de 3.500 millones, “con menos recursos pasa sanidad, educación o servicios sociales”, o que la Seguridad Social contaría con 7.000 millones menos.

Por parte del PSOE, el senador Gonzalo Palacín defendió la senda propuesta por el Gobierno aludiendo a la necesidad de “adaptar la senda a la realidad y no la realidad a la senda”, además de subrayar que los objetivos tienen el respaldo del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Desde el PP, José Vicente Marí Bosó tildó las previsiones macroeconómicas del Gobierno de “realismo mágico” y criticó el mayor gasto que supondrá la flexibilización de los objetivos de estabilidad en un contexto de desaceleración, de menor creación de empleo y “atonía” en el consumo, y ante riesgos como el Brexit o el coronavirus.

Por el PNV, la senadora María Dolores Etxano anunció su apoyo a la nueva senda, que consideró “coherente” y “mucho más realista” que la que fijó el PP, “muy alejada de la realidad”. Sin embargo, criticó la aplicación de las reglas fiscales y reclamó que las políticas de estabilidad deberían haberse aplicado “de una forma más acompasada con la realidad económica". Además, reclamó el uso de objetivos de déficit asimétricos que tengan en cuenta la situación económica y fiscal de cada autonomía.

En representación de Bildu, Idurre Bideguren aseguró que su grupo no obstaculizaría la aprobación de la senda, ya que se mostró “muy crítica con el marco económico impuesto por Europa y asumido por el Gobierno de España”, denunciando las “durísimas condiciones económicas y fiscales” de las políticas neoliberales. Por ello, señaló que “es hora de abandonar esa senda” y consideró que la nueva propuesta “supone una pequeña mejora” respecto a la establecida por el PP, pero “insuficiente” para su formación, por lo que indicó su abstención.

En cuanto a Junts per Catalunya, Josep Lluís Cleries, aseguró que su formación tiene “voluntad de diálogo”, pero lamentó que el Gobierno no la haya tenido para llegar a un acuerdo en este tema. Así, reclamó a la ministra de Hacienda el IVA pendiente de 2017, asegurando que a cambio votarían en contra. En cualquier caso, tras anunciar el voto negativo a la senda de déficit, indicó que éste “no presupone un no a los Presupuestos” y pidió su desvinculación de la mesa de diálogo que el Gobierno mantiene con la Generalitat.

También anunció su apoyo a los objetivos de estabilidad el senador Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, quien mostró su interés en “recoger el guante del diálogo, del entendimiento y la responsabilidad” pero pidiendo reciprocidad por parte del Ejecutivo.

Por parte de Més per Mallorca, el senador Vicenç Vidal señaló su voto a favor para “cerrar la etapa de Rajoy y Montoro” y “aprovechar el ciclo económico expansivo”, y, aunque consideró “muy positiva” la flexibilización de los objetivos de déficit, se mostró en desacuerdo con el reparto de la misma, indicando que las comunidades autónomas “deberían tener más margen”, además de objetivos distintos según la situación de cada comunidad, y que la administración general del Estado “se queda gran parte del pastel”.

Desde Ciudadanos, Ruth Goñi subrayó sus “grandes discrepancias” respecto al déficit y los Presupuestos, acusando al Ejecutivo de incrementar el gasto para “pagar las facturas de su investidura”.

Por su parte, Fabián Chinea, de la Agrupación Socialista la Gomera, también expresó su voto favorable, argumentando que “no nos podemos permitir seguir sin Presupuestos y no acometer las políticas que son fundamentales para nuestro país”. También señaló que votar en contra sería “condenarnos a seguir alargando unos Presupuestos que datan de hace dos años” y “una agonía que no nos podemos permitir”.

Por el Partido Aragonesista, Clemente Sánchez-Garnica indicó su voto a favor “por responsabilidad” y por considerar “sensata y razonable” la senda propuesta, además de mostrarse contrario a “bloqueos políticos innecesarios y contrarios al interés general”.

En representación de Teruel Existe, el senador Joaquín Vicente Egea recordó que su formación ya consideró primordial que hubiera un Gobierno y que “el instrumento necesario para que un Gobierno empiece a trabajar es el Presupuesto” que responda a los desequilibrios territoriales y a las necesidades de la España vaciada.

También anunció su voto a favor el senador José Miguel Fernández, del PRC al considerar “fundamental” para los ciudadanos tener un Presupuesto y atender la demanda de un acuerdo para aprobarlo.

Por el contrario, Alberto Catalán, de UPN, se mostró en desacuerdo con la propuesta de senda, denunciando que responde al “chantaje” de las formaciones independentistas; mientras que Jacobo González-Robatto, de Vox, también indicó su rechazo a la senda por considerarla “insostenible, irresponsable” y caracterizada por su “falta de credibilidad”, además de que, en su opinión, supone utilizar “el dinero de todos los españoles” para atender las exigencias de los independentistas.