Rodríguez, que presidió la CNMV entre octubre de 2012 y octubre de 2016, estaba citada a declarar este miércoles como testigo por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en la causa que investiga las supuestas irregularidades que llevaron a la resolución del Banco Popular y su compra por el Santander por un euro.

Rodríguez es la primera testigo en comparecer en la instrucción por esta causa. Su declaración se ha prolongado por espacio de dos horas. El siguiente será el exgobernador del Banco de España Luis María Linde, citado para el 11 de marzo, mientras que el día 18 acudirá el actual presidente de la CNMV, Sebastián Albella.

La actual diputada del PP dirigió el organismo supervisor hasta octubre de 2016, el año en que el Popular acometió una ampliación de capital por 2.505 millones de euros, que se justificaron en la obtención de importantes beneficios y cobro de dividendos. El entonces presidente de la entidad, Ángel Ron, defendió la situación "inmejorable" del banco y se ofreció una imagen de solvencia económica y patrimonial.

Pero los beneficios supuestamente no eran reales y nunca se pagaron los anunciados dividendos. La resolución del banco provocó un aluvión de demandas contra los antiguos gestores por "irregularidades contables" en varios ejercicios y por publicidad engañosa en los folletos editados para las ampliaciones de capital.

Una vez que el equipo directivo que impulsó la ampliación de capital formado por Ángel Rol y Emilio Saracho dejó la entidad el Banco Santander compró el Popular por un euro. En esta instrucción se investigan las presuntas irregularidades contables de 2016 antes de la ampliación de capital y las filtraciones a prensa de un año después que provocaron la resolución y venta de la entidad a mediados de 2017.

En su declaración, Rodríguez explicó que la CNMV instó al banco a incluir en el folleto la advertencia del riesgo de que se produjeran “una serie de incertidumbres” que obligarían al Popular a provisionar otros 4.700 millones de euros ese mismo año.

Esa aportación extra de capital debería afrontarse con cargo al reparto de dividendos o recurriendo a la venta de activos. Según ha dicho al juez, la función del órgano supervisor consistió en asegurarse de que el folleto contuviera la información necesaria para que los inversores pudieran decidir y que era el Banco de España el que debía refrendar la solvencia del Banco Popular.

No obstante, la CNMV pidió un informe a la consultora KPMG para determinar si esa posible ampliación de capital de 4.700 millones debía quedar contemplada en las cuentas de la entidad correspondiente a 2015, que serían las cifras de referencia para los potenciales inversores. Además, vigiló que el Popular no llevara a cabo la ampliación de capital a costa de clientes del banco que tuvieran pendiente resarcir hipotecas o créditos.

El próximo 2 de abril el magistrado ha citado al exministro de Economía y actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos. El 28 de mayo será el turno de la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, que tendrá que responder sobre la compra por un euro del Popular tras la resolución del Popular a mediados de 2017. Ya el 4 de junio, acudirá el que fuera presidente de Santander España Rodrigo Echenique.