El TSJ de Madrid declaró conforme a derecho la orden de 17 de noviembre de 2015 de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno regional, por la que se dispuso el desistimiento del procedimiento de adjudicación correspondiente al contrato de concesión de obra pública denominado 'Redacción del proyecto de ejecución, construcción y explotación de la Ciudad de la Justicia de Madrid'.

A partir de ahora, el Gobierno de la Comunidad de Madrid podrá diseñar su propio proyecto, para reubicar y concentrar todas las sedes judiciales en Valdebebas, tal y como planea el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.

La consejería que dirige Enrique López estaba a la espera de que el Tribunal Supremo se pronunciara sobre el antiguo plan diseñado por el Gobierno de Ignacio González y que abandonó el Ejecutivo dirigido por Cristina Cifuentes.

En su sentencia de 2017, el TSJM consideró conforme a derecho el desistimiento para la construcción del gobierno de Cifuentes por existir infracciones "no subsanables" en las normas de preparación del contrato. La concesión no dejaba claro el objeto del contrato que era incompatible “física, arquitectónica, jurídica y económicamente" con la adjudicación hecha en 2007 a Corsán-Corviam para construir los Juzgados de lo Social y Mercantil, que iban a construirse en los mismos terrenos, por lo que la Comunidad de Madrid estaba obligada a anular los contratos duplicado e iniciar un nuevo proceso de contratación.

Sin embargo, ese proceso no se realizó y el predecesor de Cifuentes, Ignacio González, adjudicò un nuevo proyecto en 2015, sin que quedara claro el objeto de la adjudicación y que desembocó en esa “infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato". Finalmente, la oferta de Acciona y OHL fue la mejor valorada, aunque la adjudicación nunca llegó a formalizarse.