La organización criminal suministraba estos servicios al menos a 20.000 usuarios en España. A los detenidos se les atribuyen delitos contra la propiedad intelectual, fraude en las telecomunicaciones y blanqueo de capitales. Además, una tercera persona está siendo investigada por su presunta relación con los hechos.

La investigación comenzó al comienzo de 2019, después del registro de varias denuncias que alertaban de que, a través de una web, se estaba distribuyendo equipos preparados para visualizar señal de televisión de pago, de manera ilegal, mediante el método denominado IPTV. El resultado de las pesquisas policiales llegó tras el análisis de diversas cuentas PayPal y de numerosas vigilancias, que permitieron localizar a uno de los implicados que residía en un municipio de la provincia de Córdoba.

En los registros practicados por la Policía Nacional, los agentes intervinieron cerca de 300 servidores, además de equipamiento hardware y software, que permitía emitir 15.000 canales fraudulentos en directo.