Según informó en un comunicado, ha recomendado a la Dirección General de la Policía que “garantice” la “intimidad” de las gestantes que acuden a estas clínicas y ha solicitado al departamento de Fernando Grande- Marlaska que proteja la “integridad física y moral” de estas mujeres, así como su derecho a la “libre circulación”.

Para ello, exige la adopción de medidas preventivas “concretas” en el marco de las competencias policiales, sin perjuicio del respeto a los derechos y libertades fundamentales de otros ciudadanos.

El Defensor del Pueblo en funciones abrió una actuación el año pasado tras recibir la queja de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (Acai), que denunciaba el “acoso” al que, a su juicio, se ven sometidas las mujeres que acuden a este tipo de centros y documentaba “numerosos casos” de “hostigamiento” en toda España.

En su queja, Acai proponía la creación de espacios “seguros” alrededor de las clínicas de abortos para que se respete el derecho a la libre circulación de las mujeres. Un planteamiento que Fernández Marugán valoró “positivamente” al entender que permite el ejercicio en el espacio público de “todos los derechos fundamentales en juego, igualmente atendibles”.

Por ello, y ante la “reiteración” de este tipo de incidentes, la institución también reclamó al conjunto de la administración un “tratamiento global y preventivo” que garantice el “pleno ejercicio” de los derechos fundamentales de estas mujeres, “sea cual sea la posición de los ciudadanos en una sociedad real y constitucionalmente pluralista”.