Así lo explicó Garzón en una entrevista en el programa 'Hoy por Hoy' de la Cadena Ser recogida por Servimedia y en la que también aseveró que el "problema, más allá de la regulación de la publlicidad, tiene que ver con el tipo de incentivos a los jóvenes para hacer un ocio saludable". "En las últimas décadas hemos visto una proliferación brutal de un tipo de ocio muy vinculado al consumo y las apuestas en vez de regularlo desde el punto de vista de un ocio alternativo", lamentó.

A este respecto, subrayó que las primeras medidas anunciadas por el ministerio son un "primer paso" dentro de un plan "integral" para acabar con esa "ley de la selva" que permite que "cualquier operador de juego pueda poner en cualquer soporte publicitario cualquier tipo de anuncio diciendo casi cualquier tipo de cosa" porque en la actualidad "no hay regulación de la publicidad de los juegos online y, sobre todo, de las apuestas".

"Con este primer paso lo que hacemos es que el 80% de esa publicidad va a estar prohibida literalmete y el 20% restante va a tener que modificarse enormemente porque introducimos una regulación muy estricta", abundó, al tiempo que recordó que, por este motivo, en la publicidad de este tipo de actividades "no habrá famosos, ni bonos, ni posibles llamadas a la incitación".

Por eso, defendió que, "siendo la primera vez que se hace en España y siendo, además, a los 30 días, es un primer paso drástico pero necesario" aunque insistió en que "no agota toda las posibilidades" de su ministerio en este ámbito. Un primer paso que se ha llevado a cabo porque esta actividad, aunque legal, puede tener una "afectación en la salud pública". "Hay un sector que, cuando hace una actividad de juego por ocio, deriva en consecuencias patológicas y el deber del Gobierno es protegerlo", agregó.

"Lo que estamos haciendo es desarrollar la Ley del Juego que dice que la publicidad es legal, por eso entramos en un enfoque de regulación muy estricta, al limite de lo prohibitivo", advirtió, en referencia a quienes han tildado de "tibias" las medidas recogidas en el proyecto de real decreto.

"Nosotros no hacemos una ley", aseguró, al tiempo que matizó que se trata del "desarrollo" de la actual Ley del Juego en sus articulos 7 y 8, razón por la cual el Ejecutivo "no entra en un enfoque regulatorio prohibitivo porque la propia ley dice que la publicidad es legal".

Con todo, hizo hincapié en que la medida propuesta es "la más eficaz de todas, dentro de un plan integral" y dijo "entender" que haya personas a las que les "gustaría ir más deprisa" pero espetó que existen "limitaciones técnicas y de política pública" que lo impiden. "No buscamos una medalla sino que la política pública sea eficaz", puntualizó, al tiempo que avanzó cómo "dentro de un año veremos si los indicadores de seguimiento que estamos haciendo nos dicen si hemos acertado o nos hemos quedado cortos".

Garzón afirmó que la ciudadanía "lo va a notar absolutamente" y que las nuevas medidas "van a mejorar los indicadores de salud pública". "Eso es lo que nos preocupa, las personas que acaban teniendo una adicción sin sustancia a un tipo de comportamiento de juego que desestructura familias y destroza barrios enternos", sentenció.

Por este motivo estimó importante diseñar un plan integral porque se trata de un "problema que tiene muchas dimensiones" y con el fin de "abordar esa otra dimensión", a lo largo del mes de marzo mantendrá un encuentro con las comunidades autónomas en el marco de la Conferencia Sectorial del Juego para analizar la situación de las casas de apuestas, cuya regulación compete a las autonomías.

AGRICULTURA

En otro orden de cosas, Garzón se refirió a la situación del campo y recordó que es un asunto que también compete a su ministerio en la medida en que buena parte de las reivindicaciones de los agricultores afectan a la "cadena de valor, de la diferencia que existe entre el precio de origen y el precio que llega a los supermercados pasando por muchos actores". "No olvidemos que, al final, el último eslabón de la cadena es el consumidor y aunque solo sea en esa medida, Consumo está afectado para buscar una solución justa, eficaz y que resuelva de forma lo más inmediata posible algunos problemas", agregó, justificando de esta forma la presencia de su departamento en la mesa interministerial creada por Agricultura.

El titular de Consumo consideró "legitimas e históricas" las peticiones de los agricultores, al tiempo que manifestó que existe un "elemento estructural y aspectos coyunturales que tienen que ver con una bajada de precio relacionada con la oferta y la demanda". "Hay una asimetría muy grande y una correlación de fuerzas muy injusta dentro de esa cadena de valor", explicó, para denunciar que existen "pocos distribudores muy grandes que ocupan gran parte del mercado y muchos productores". "Esa correlación de fuerzas hace que cuando se negocian -los precios- los agricultores sufran mucho y los precios son muy bajos y eso hace inviable el sostenimiento ya no solo de la actividad sino de sus propias familias".

Tras admitir que el Ejecutivo debe encontrar una respuesta "justa" a estas reivindicaciones, aseguró que se trata de un "problema estructural que tiene facetas coyunturales" pero que existen elementos "que se pueden empezar a resolver desde ya".

Preguntado sobre si España tiene "miedo" a que el problema se cronifique, apeló al "sentido de la responsabilidad de diagnóstico de lo que está sucediendo en Europa" en torno a la PAC y se mostró convencido de que Europa "tiene un problema en cómo abordar la cuestión agraria" teniendo en cuenta que existen productos básicos como la fruta que, "directamente, multiplican su precio de manera injustificada".