Así se expresó Ribera en una comparecencia en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados, donde presentó las líneas maestras de su departamento en la nueva legislatura.

A este respecto, señaló que organismos como el FMI, la OCDE o la Comisión Europea coinciden en que la fiscalidad es una herramienta imprescindible ante la crisis medioambiental, que no ha encontrado todavía en España una respuesta fiscal adecuada.

En esta línea, indicó que, en 2017, España logró recaudar 21.382 millones de euros en concepto de impuestos medioambientales y que, a pesar de ello, permanece por debajo del promedio de los países OCDE.

En concreto, en porcentaje sobre el PIB esta cifra supone un 1,83%, lo que sitúa a España por debajo de la media de la Unión Europea (2,4%).

Además, lamentó que los tributos que se han puesto en marcha bajo la etiqueta medioambiental han sido impuestos imperfectos que no definen ni se vinculan de manera directa a las externalidades ambientales negativas, que no tienen el alcance espacial adecuado, o que no lanzan las señales correctoras necesarias.

Por otra parte, citó otras prioridades en política energética como el fomento del uso de energías renovables y su integración en redes inteligentes para la sustitución de la generación eléctrica convencional contaminante o el impulso de la electrificación de la economía, especialmente en el sector de transportes, con el impulso de la movilidad eléctrica.

También se refirió a la consecución de la eficiencia energética como principio básico y eje transversal de la política energética, lo que requerirá mejoras en la planificación y prospectiva.

Asimismo, estableció como prioridad la defensa de los intereses del ciudadano-consumidor, haciendo hincapié en la reducción de la pobreza energética, el impulso a precios de consumo eléctrico más competitivos (para ciudadanos y empresas) y el estímulo del autoconsumo.

Para ello, Ribera quiere desplegar cuanto antes un marco regulatorio más propicio que permita clarificar y dotar de transparencia el acceso y conexión a las redes de electricidad, agilizar la tramitación de plantas generadoras con energía renovable, eliminar barreras al despliegue del vehículo eléctrico y aplicar la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética.

Por último, se comprometió a consolidar una transición justa con la participación de los distintos agentes sociales y administraciones afectadas por el cierre de las centrales térmicas y las nucleares.

En este sentido, anunció que a principios del mes que viene publicará el calendario de firma de los convenios de transición justa y procederá al lanzamiento del Instituto de Transición Justa.

Paralelamente pretende suscribir, este mismo mes o al inicio del mes de marzo, el acuerdo tripartito entre la administración, los sindicatos y las empresas en relación al futuro de las centrales térmicas.