En un comunicado, las dos organizaciones informaron, tras la Junta Directiva de CEOE, de su postura respecto a la propuesta del Ministerio que dirige Yolanda Díaz para modificar de manera “inminente” el artículo sobre subcontratación, “pese a que este punto no fue objeto de la última reforma laboral”.

A juicio de CEOE, “esta propuesta, en sus actuales términos, podría aparejar graves consecuencias para el tejido empresarial y el empleo, y por ello no podemos secundarla”.

La patronal defendió que la economía española y europea se basan en que “la mayor parte de las empresas y sectores delegan en diferentes niveles de subcontratación tareas y servicios especializados, logrando una mayor eficiencia y adaptación al entorno” y advirtió de que “una reforma que limite las opciones de descentralización hará prácticamente inviable la supervivencia de muchas empresas españolas”.

Subrayó que de aprobarse la propuesta de Trabajo para que toda la cadena de subcontratación adopte las condiciones laborales de la empresa principal, “muchas empresas subcontratadas verían peligrar su viabilidad y, con ella, muchos puestos de trabajo” y, además, “no sería posible desde la empresa principal absorber todo el empleo” de las subcontratas.

CEOE reconoció que “existen unos efectos no deseados de la reforma laboral de 2012” relativos a establecer salarios para los trabajadores por debajo de los que establece el convenio sectorial en un “reducido número de estos convenios” y que las patronales “ni amparamos ni compartimos”.

Para eliminar este “efecto no deseado y no hacer desaparecer” la figura de la subcontratación, las patronales proponen que las condiciones salariales y de jornada de los trabajadores se regulen a través de la negociación colectiva sectorial, dejando al convenio de empresa regular las cuestiones que conciernen a su organización interna.

El acuerdo programático entre el PSOE y Unidas Podemos recoge modificar el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para "limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa".

Además, el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) firmado entre patronal y sindicatos recoge la necesidad de "una nueva regularización del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, que garantice las condiciones laborales en los procesos de descentralización productiva".

Por otra parte, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, manifestó este miércoles en declaraciones a los medios en el marco de un acto en la Cámara de Comercio que el artículo 52.d. derogado, que permitía despedir por faltar al trabajo retieradamente aunque estuviera justificado son "30 despidos en todo el año" y que "se ha demostrado que no se utilizaba tanto".

Consideró "un poco exagerado" el planteamiento sobre el impacto que ha tenido ese artículo y lamentó que "se haya puesto en el punto de mira a los empresarios diciendo que no tenemos ninguna sensibilidad, la misma que han tenido los sindicatos durante 40 años" durante la vigencia de dicho artículo.