El nuevo tribunal, que mantiene la mayoría progresista, no tiene que enfrentarse ya al escollo del Estatuto de Cataluña pero, en cambio, deberá resolver en los próximos meses los recursos interpuesto contra las leyes que regulan estos tres asuntos de gran calado social.

Los cuatro nuevos magistrados -Luis Ignacio Ortega, Adela Asúa, Francisco José Hernando y Francisco Pérez de los Cobos- y los siete antiguos, tres de los cuales deben ser renovados en breve por el Congreso de los Diputados, deberán decidir en primer lugar si el matrimonio entre personas del mismo sexo vulnerá o no la Constitución.

Para ello, los magistrados deberán acordar si estiman o no el recurso interpuesto por el PP contra la reforma del Código Civil que autoriza desde julio de 2005 las bodas entre homosexuales.

Los populares decidieron recurrir esta reforma legal al entender que el matrimonio entre personas del mismo sexo vulnera siete preceptos de la Constitución, principalmente el artículo 32, que consagra la “garantía institucional del matrimonio”. El antiguo Tribunal Constitucional, presidido por Maria Emilia Casas, admitió a trámite el recurso del PP en octubre de 2005.

LEY DEL ABORTO

Otro de los grandes retos a los que se enfrentará el tribunal encabezado por Pascual Sala y el nuevo vicepresidente, Eugeni Gay, será determinar si la nueva Ley del Aborto, cuyo nombre oficial es Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, se ajusta o no a la Carta Magna.

El Constitucional admitió a trámite el 30 de julio de 2010 los recursos interpuestos por el PP y el Gobierno de Navarra contra la citada ley, que permite el aborto libre hasta la semana 14 de gestación. Los populares recurrieron ocho artículos y una disposición final de la nueva norma legal, mientras que el Gobierno de Navarra impugnó dos artículos y una disposición final.

A pesar de admitir a trámite los recursos, los magistrados del Constitucional se negaron a decretar la paralización de la ley mientras se resuelven las impugnaciones, un extremo solicitado por el PP.

Sala también deberá liderar el tribunal a la hora de decidir si declara inconstitucional o no la ley que prohíbe las corridas de toros en Cataluña a partir de enero de 2012.

El recurso, que también fue interpuesto por el PP, asegura que esta norma “invade competencias estatales” y es “inconstitucional”, ya que las comunidades autónomas "no tienen facultad para prohibir la tauromaquia”. Este recurso fue admitido a trámite el pasado 29 de noviembre.

ROTULACIÓN EN CATALÁN

A parte de estos asuntos de gran calado social, el nuevo Tribunal Constitucional tiene sobre la mesa otros recursos que impugnan otras leyes relevantes. Entre ellos destacan los interpuestos por el Defensor del Pueblo y el PP contra el Código de Consumo de Cataluña, que impone a los comerciantes la obligación a rotular sus establecimientos en catalán, y que fueron admitidos a trámite el 10 de noviembre de 2010.

Ese mismo día el tribunal también admitió a trámite el recurso interpuesto por el PP contra la Ley del Cine de Cataluña, que establece cuotas mínimas de doblaje en catalán a las películas que se proyectan en la comunidad autónoma.