En declaraciones a Servimedia, su directora de Políticas y Campañas, Paloma Favieres, señaló que cuando "estaba en la oposición, el Gobierno actual presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición adicional de la 'ley mordaza' que daba respaldo legal a las devoluciones en caliente".

"Por coherencia política y por coherencia con lo que hicieron en ese momento, el Gobierno debería dar un paso atrás" y acabar con esta práctica, reclamó, "más allá del fallo de Estrasburgo que la avala.

En una primera sentencia, el tribunal europeo había rechazado las 'devoluciones en caliente', pero el Gobierno (entonces del PP) recurrió y ahora la sala ha rectificado.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sostenido que su departamento se mantenía a la espera de conocer esta sentencia antes de tomar ninguna decisión.

Según Favieres, el fallo es "desilusionante y desesperanzador".

"Con todo el respeto a la sala, parece que no se ha entendido nada de lo que la parte demandante exponía". En su opinión, no tiene ningún sentido señalar "que los migrantes pueden acceder a Ceuta y Melilla por puestos habilitados" para respaldar la expulsión de los dos subsaharianos que dio origen a este proceso, "cuando es sobradamente conocido que ningún subsahariano ha podido solicitar protección internacional en el puesto fronterizo de Melilla desde que se instauraron las oficinas".

"Por eso, aunque tenemos que leer con deteminiento el fallo, nos parece desilusionante", insistió Favieres, que se mostró confiada en que el Tribunal Constitucional de España declare inconstitucional la disposición de la ley que posibilita estas devoluciones y obligue al Gobierno a diseñar otra política fronteriza.