Así lo precisó este jueves la organización a través de un comunicado en el que agregó que sus equipos jurídicos abrieron el pasado año un total de 9.303 expedientes de reclamación en representación de sus asociados y en cuanto a las consultas planteadas por los consumidores en las oficinas de las organizaciones territoriales de Facua, a través del teléfono y en su web la cifra alcanzó las 39.403.

Las ofertas” engañosas”, las subidas “fraudulentas” de tarifas, los incumplimientos contractuales y los “abusos” que cometen las ‘telecos’ cuando los usuarios intentan darse de baja han aupado a este sector a la primera posición en las denuncias tramitadas por Facua en representación de sus socios tal y como suele ocurrir “habitualmente” desde hace dos décadas, según recordó la organización.

Por su parte, el “enorme” número de casos abiertos para reclamar la devolución del dinero defraudado con la cláusula suelo posicionó a la banca como el segundo sector con más reclamaciones en Facua el pasado ejercicio. Un año en el que la reclamación de los gastos de formalización de hipotecas, otras cláusulas abusivas en préstamos y el cobro de comisiones de forma irregular también protagonizaron “buena parte” de los expedientes abiertos por los equipos jurídicos de la asociación y sus organizaciones territoriales.

En tercer lugar se situó la sanidad privada y el origen de la mayor parte de las reclamaciones que acumuló este sector fueron, según Facua, las “irregularidades” y el cierre de las clínicas odontológicas iDental pero también las “muchas” denuncias de “malas prácticas” e incumplimientos contractuales en otras empresas del sector de la sanidad privada, que se unen a las “numerosas” quejas por la “devaluación” de la calidad de la sanidad pública.

Junto a ellos se situó el transporte aéreo, con el 7,3% de denuncias debidas, entre otras cuestiones, a los retrasos y cancelaciones o al incumplimiento “habitual” de la obligación de asistir a los afectados con comida y alojamiento durante la espera y abonarles compensaciones económicas directas en función del tipo de vuelo más las posibles indemnizaciones por daños y perjuicios.

Por su parte, las compañías de electricidad y gas concentraron el 7,2% de los expedientes abiertos en 2019, motivados principalmente por irregularidades en las facturas y engaños en la contratación. La organización de consumidores denunció que, pese a la prohibición de las visitas puerta a puerta por el “altísimo índice de fraudes” derivados de esta práctica, hay compañías que siguen realizándolas y los usuarios “siguen siendo víctimas” de ofertas “engañosas”.

La asociación tildó de “escandalosa” la falta de actuaciones de las autoridades con competencia en protección de los consumidores a nivel estatal y autonómico ante los “gravísimos” fraudes que se vienen produciendo a lo largo de estos últimos años y defendió que la “pasividad” de las administraciones “obliga” a “judicializar” los fraudes masivos.

A este respecto, insistió en reclamar al nuevo ministro de Consumo, Alberto Garzón, con quien sus responsables se reunieron este miércoles, que su departamento asuma como “prioritarias” las políticas de defensa de los usuarios.

Además, instó a que se emprendan los cambios legislativos necesarios para que el nuevo Ministerio de Consumo sea dotado de competencias para aplicar “multas ejemplarizantes” ante los fraudes masivos ya que desde los años 80 la “potestad” sancionadora ha recaído “exclusivamente” en las comunidades autónomas.