Borràs decidió acudir al Alto Tribunal de manera voluntaria evitando así que se solicitara el suplicatorio a la Cámara Baja. El magistrado instructor acordó investigar a la portavoz tras estudiar la exposición razonada remitida por el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, que comenzó a estudiar unos hechos que podrían ser constitutivos de los delitos de falsedad documental, fraude administrativo, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

La diputada tendrá que acudir al Supremo acompañada de abogado y procurador y en ese acto será informada de las diligencias que pesan sobre ella. Según las pesquisas del juez de Barcelona, Borràs habría actuado “de común acuerdo” con Isaías Herrero, también imputado y amigo personal de la portavoz, "para defraudar" a la ILC "mediante el fraccionamiento ilegal" de 18 contratos.

El mecanismo para la supuesta adjudicación fraudulenta incluía la "falsificación de presupuestos presentados en cada uno de los expedientes simulando la participación de terceras personas independientes, con la finalidad de beneficiar los intereses de aquel y causando con ello un claro perjuicio al erario público".

El juez de Barcelona cree que hay indicios suficientes de que estas prácticas se repitieron entre los años 2013 y 2017 y de que Borràs propició la adjudicación “arbitraria de todos los contratos de programación informática” que alcanzaron un importe de 259.283 euros sin IVA y que se pretendía hacer pasar por “la oferta más ventajosa”. El juez considera probado que la portavoz y Herrero tenían "relación personal y profesional".

En la investigación realizada constan varios correos electrónicos entre ambos. En uno de ellos, de 28 de febrero de 2013, Borràs le pide a Herrero que le pase presupuestos para revisarlos “conjuntamente” y “hacer los retoques necesarios”. El mecanismo por el que eludían los controles de contratación se basaba en la presentación de varios presupuestos distintos, de los que varios no eran reales.

En concreto, el informático presentaba tres ofertas distintas que nunca podían superar los 18.000 euros más IVA y de los cuales dos contenían ofertas falsas. Todos ellos debían ser “detallados como si fueran profesionales independientes”, según las instrucciones de Borràs que aparecen en la investigación. En otro de los correos intervenidos, Herrero reconocía que "con la Borràs, con la jefa, yo facturo con la Cooperativa unos trapis".