Así lo aseguró durante la sesión de control al Gobierno en el Senado al responder a una pregunta de la senadora del PNV María Dolores Etxano sobre la necesidad de flexibilizar la regla de gasto, mecanismo utilizado para controlar el gasto de las administraciones públicas.

Durante su intervención, Montero reconoció que la Ley de Estabilidad Presupuestaria “incorporó con cierta asimetría el conjunto de reglas fiscales” y que “hizo muy rígida la regla de gasto”, de forma que ésta es “el limitante efectivo que tienen comunidades autónomas y corporaciones locales cuando han entrado en superávit”.

Por ello, manifestó “el compromiso del Gobierno de revisar la implementación de esa regla de gasto para ver qué conceptos se tienen que incorporar”, para lograr una flexibilización “y acomodarla al momento del siglo económico y a la necesidad y circunstancias de cada territorio”.

En cualquier caso, la ministra afirmó que “se requiere una herramienta, que puede ser la regla de gasto u otra similar, que haga que las cuentas públicas sean sostenibles en el medio plazo y que no haya una tentación, por parte de la inmediatez de la política, de poner en riesgo las cuentas públicas y volver a situaciones no deseadas de crisis”.

De esta forma, Montero indicó que el Gobierno trabaja “en una triple dirección” con la flexibilización de la senda de estabilidad del periodo 2020-2023; con el trabajo junto a los ayuntamientos para la revisión de la regla de gasto, a través de un grupo de trabajo; y el trabajo con la Comisión Europea para revisar las reglas fiscales, al considerar que “algunas ya no tienen suficiente intensidad” y que otras “no tiene sentido que se sigan monitorizando”, poniendo como ejemplo el objetivo de déficit, y pasando a centrarse en el déficit estructural.

El fruto de ese triple trabajo, señaló la ministra, debería permitir encontrar la forma de mantener el compromiso con la consolidación fiscal al tiempo que las administraciones que hayan hecho el esfuerzo de estar en superávit no se vean penalizadas “por una regla de gasto que no está respondiendo al momento económico, político y social”.

Por su parte, la senadora Etxano afirmó que “la regla de gasto se ha convertido en la principal limitación presupuestaria” de las administraciones que cumplen con los objetivos de estabilidad y que su aplicación “resulta más restrictiva” para ellas que los objetivos de déficit y deuda.

En este sentido, la senadora del PNV agregó que la regla de gasto “disminuye la autonomía y capacidad de decisión de gasto de las administraciones incluso cuando tienen superávit y cumplen objetivos, limitando la utilización de estos recursos a la amortización de deuda y a las inversiones financieramente sostenibles”.

Por ello, resaltó el papel “decisivo” de las corporaciones locales para que el conjunto de la administración alcance los objetivos de estabilidad y defendió que la flexibilización de la regla de gasto no es una forma de no cumplir con la estabilidad presupuestaria, ya que “las entidades locales ya han demostrado que cumplen y que están saneadas”, por lo que concluyó asegurando que la flexibilización “es imprescindible”.