El Cermi explica que, según el texto de esta directiva, la misma tenía que haber sido incorporada al Derecho español antes del 10 de junio de 2019, “sin que España haya cumplido este mandato europeo, lo que expone al Estado a eventuales sanciones por dilación en transponer normativa europea”.

“El proceso de recepción en nuestro ordenamiento jurídico de esta directiva, mediante modificación de legislación española, será una ocasión favorable para establecer aspectos de sostenibilidad social y discapacidad, que vayan más allá de la exigencia europea, que es un nivel mínimo, mejorable por los Estados”, apunta la entidad.

En este sentido, el Cermi señala que la transposición de esta directiva permitirá, en los trabajos preparatorios de anteproyecto de ley y el trámite parlamentario, añadir obligaciones de sostenibilidad e inclusión en materia de inversiones a largo plazo, información social a los accionistas y establecimiento de indicadores, previos y posteriores, acerca del alineamiento de las inversiones con valores y criterios socialmente responsables.