Esa suspensión fue instada el pasado día 4 de febrero por el magistrado Pablo Llarena, instructor de la causa del ‘procés’ en el alto tribunal, así como testimonio de distintas resoluciones acordadas en ese procedimiento y de la sentencia de la Sala Segunda dictada en la causa especial.

Llarena dictó, además, el pasado lunes un auto en el que solicita a Reino Unido que continúe la tramitación de la euroorden contra la exconsejera de Educación de la Generalitat de Cataluña Clara Ponsatí al considerar que ha perdido la inmunidad como europarlamentaria en territorio británico una vez culminado el 'Brexit'.

El magistrado entiende que Ponsatí está protegida por la inmunidad en territorio comunitario por lo que acuerda pedir el suplicatorio al Parlamento Europeo y poder continuar con la ejecución de la euroorden de detención y entrega en los países miembros de la Unión Europea.

En su auto, Llarena solicitaba a las autoridades de Reino Unido que estudien la posibilidad de reforzar las medidas de vigilancia sobre Ponsatí para evitar su posible salida hacia otro país. Según el juez, la salida de Gran Bretaña de la UE hace que su inmunidad sea inútil en su territorio por lo que considera factible continuar con la ejecución de la euroorden que está en trámite.

Sin embargo, estima que no es necesario transformar el procedimiento en uno de extradición puesto que los tratados bilaterales entre España y Reino Unido permiten continuar tramitando la entrega como una euroorden dentro de un marco de cooperación judicial en materia penal.

En cuanto a las euroórdenes para los países de la UE, el auto declara la pertinencia de mantenerlas solicitando al mismo tiempo del Parlamento Europeo que levante la inmunidad, ya que la suspensión en el cumplimiento de esas euroórdenes sería de directa e inmediata aplicación en esos casos.

Ponsatí, a diferencia de Carles Puigdemont o Toni Comín, estableció su residencia tras salir de España en Gran Bretaña por lo que el juez instructor hizo esta solicitud teniendo en cuenta el Brexit. Paralelamente, el Supremo ha tramitado la petición de suplicatorio a la Eurocámara.

El magistrado entiende que puede mantener la orden nacional de detención y recuerda que, al haber sido procesada Ponsatí el 21 de marzo de 2018, casi dos años antes de su proclamación como eurodiputada electa, no se debe solicitar suplicatorio para actuar contra ella en territorio español.