Pérez Martínez se desvinculó así de los Grapo en el juicio que la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional celebró hoy contra él por haber presuntamente ordenado el atentado contra una sede del PSC en Barcelona que tuvo lugar el 4 de marzo de 2000.

El fiscal encargado del caso, Pedro Rubira, solicitó un total de 17 años de cárcel para el “camarada Arenas”, al atribuirle un delito de estragos terroristas.

El representante del Ministerio Público sostuvo en la vista oral que el acusado era el máximo dirigente de los Grapo y tenía bajo su control la Comisión Política y la Comisión Militar de la banda terrorista y que, por lo tanto, participaba en “la fijación de objetivos concretos”.

Le acusa, en consecuencia, de haber participado en la decisión de atentar contra la sede que el PSC tiene en la Gran Vía de les Corts Catalanas de Barcelona. En la madrugada del 4 de marzo de 2000 un comando de los Grapo colocó un artefacto explosivo en el interior del local. La bomba explotó esa misma madrugada, provocando daños materiales en la sede socialista.

JUSTIFICAR “LA LUCHA ARMADA”

En su extensa declaración ante el tribunal, el “camarada Arenas” negó una y otra vez haber formado parte de los Grapo y aseguró que entre el PCEr, del que era el máximo líder, y la organización terrorista “no existía ninguna vinculación”. El acusado llegó incluso a retar a los magistrados de la Audiencia Nacional a presentar alguna prueba que demuestre su relación con los Grapo.

Pérez Martínez dijo que su misión es y era “crear conciencia en la sociedad” y “convencer a la gente” de que su partido “tiene razón”. “Eso no lo podemos hacer a petardazos”, afirmó antes de añadir que a cualquier militante del PCEr que quería integrarse en los Grapo se le exigía “por principios” que abandonase el partido.

A pesar de esta contundencia, el “camarada Arenas” reconoció tener una “verdadera amistad” con algunos miembros de los Grapo, a los que llega a considerar “sus hermanos”, y dijo que “mientras no haya libertades reales” su partido seguirá “justificando y apoyando la lucha armada”.

Por último, Pérez Martínez dijo que recibía “mucha información para analizar” de “muchas organizaciones terroristas” para explicar los papeles que se encontraron en su domicilio tras ser detenido en París en noviembre de 2000. En su vivienda en la capital francesa se encontró una copia del comunicado, así como un documento que contenía detalles del atentado y un dibujo sobre el lugar en el que se llevó a cabo la acción terrorista.

Las palabras del “camarada Arenas” fueron desmentidas tajantemente por el que fuera máximo dirigente militar de la banda, Fernando Silva Sande, quien aseguró ante el tribunal que Pérez Martínez, como secretario general del PCEr, era el máximo dirigente de los Grapo.

Silva Sande, en su declaración por videoconferencia desde la cárcel, llegó a asegurar que “sin la autorización del secretario general no se podía llevar a cabo ninguna acción”. Anteriormente, el propio Pérez Martínez había dedicado a Silva Sande, que fue expulsado de los Grapo, calificativos como “crápula”, “abusón” y “deplorable”.

Los tres peritos de inteligencia que comparecieron ante el tribunal –dos de la Policía Nacional y uno de la Guardia Civil- también situaron a Pérez Martínez en la cúpula dirigente de los Grapo. Tras escuchar estos testimonios, la presidenta del tribunal, Manuel Fernández de Prado, decreto el visto para sentencia.