“Las compañías de gas, petróleo y carbón son directa e indirectamente responsables de algunos de los peores abusos de los derechos humanos cometidos por las corporaciones alrededor del mundo”, asegura la ONG internacional en su nuevo documento, en el que acusa directamente a estas dos empresas y las compañías locales de los distintos países.

Según los ecologistas, estos abusos incluyen el asesinato y arrestos de líderes comunitarios en México y Nigeria, así como “restricciones del derecho de protesta en los Estados Unidos” o movimientos forzosos de determinadas comunidades locales en Turquía.

Uno de los casos más sonados es el de la activista filipina Gloria Capitán, que fue tiroteada en 2016 por dos hombres no identificados en el pueblo de Lucanin, según la organización por oponerse a un proyecto para instalar una planta de carbón en Bataan impulsada por la International Finance Corporation (IFC), Standard Chartered y el Mizuho Bank.

De hecho, 350.org asegura que Filipinas ha reemplazado ya a Brasil como el país más peligroso para los activistas y ecologistas que defienden la tierra del expolia de los combustibles fósiles. El informe también acusa a las compañías petroleras de “contaminar” la Amazonía Ecuatoriana, con las consecuencias que tiene para los indígenas.

“La contaminación causada por las actividades de la industria de combustibles fósiles afecta, principalmente, a las comunidades más pobres”, explicó 350.org. “Los más vulnerables están siendo doblemente y están expuestos a la pérdida de la tierra o a la escasez de pesca y agua”, señaló el responsable de Clima de la ONG, Aaron Packard.

Según los ecologistas, “aun con las evidencias científicas de que la quema de combustibles fósiles es, literalmente, poner el planeta en llamas, el sector continúa invirtiendo en este mismo viejo modelo y, generalmente, desinforman a la sociedad sobre las consecuencias del cambio climático”.

Otro de los casos mencionados en el informe es el de la planta de carbón de Rampal, en Bagladesh, situada en un espacio protegido por la Unesco. “Desde que se construyó, ha habido masivas protestas que han provocado la supresión de la libertad de expresión y reunión en la zona”, explicó 350.org.

Líderes de las comunidades y activistas en derechos humanos se reúnen estos días en Curitiba (Brasil) en un encuentro internacional que concluirá mañana, y donde tratan de tejer una “red de solidaridad” para proteger a las comunidades locales de los “abusos” de la industria petrolera y del carbón.