“Las grandes empresas de distribución comercial no compran directamente al agricultor individual sino, fundamentalmente, a cooperativas o sociedades agrarias de transformación (SAT), o a industrias que ofrecen el producto ya transformado, tal como se presenta en las tiendas (lavado, calibrado, empaquetado, etc.), a las que se paga, como es lógico, precios sensiblemente superiores a los fijados en las alhóndigas u otros esquemas de comercialización en origen”, explicó el presidente de ACES, Aurelio del Pino.

El directivo lamentó la “desinformación” que se está produciendo y “que afecta negativamente a la percepción de la actividad de las cadenas de distribución”, al comparar los precios de origen y destino “olvidando todos lo que sucede entre medias”.

“El problema de los precios de origen responde a los propios mercados en origen y no a los procesos sucesivos de comercialización”, entiende la organización que detalla que esta industria viene trabajando “desde hace años” con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, las comunidades autónomas y las propias organizaciones agrarias en la evaluación de esa cadena de valor.

Según reivindicó, cada operador que interviene “aporta un valor al producto” como lo prueba que un limón en un árbol a 200 kilómetros “no puede valer lo mismo que cuando éste se encuentra a disposición del consumidor en un establecimiento a menos de un minuto de su casa”.

Al respecto defendió el derecho “a una remuneración por su trabajo” desde la persona que recoge el limón hasta la que lo transporta a la central agraria, quienes realizan la selección, procesos de limpieza, calidad, empaquetado, distribución, además del personal que trabaja en el propio supermercado.

Según el presidente de ACES, el sector de la distribución alimentaria, “con muchísima oferta, dinámico y extremadamente competitivo”, cuenta “con márgenes entre el 1 y 2%”, tras verse influido por políticas en materia laboral, fiscal, energético, de alimentación, medioambiental, de transportes, de protección a los consumidores, de cadena alimentaria, etc. Solo el cumplimiento normativo tiene un coste igual al 6% de su facturación, conforme a datos de la Comisión Europea proporcionados por ACES.

De cara a la reunión convocada por el Ministerio del Observatorio de precios en la agricultura el próximo día 11 y que reúne a todos los operadores de la industria, ACES entiende que “la mejor manera de ayudar a la mejora de la rentabilidad de las explotaciones agrarias a medio plazo es a través de un diálogo serio y un análisis riguroso y profesional que sirva a los productores para tomar sus decisiones”.

Su presidente refirió al respecto que son precisamente las cadenas de distribución organizadas “las que más han apostado por la producción española”, con contratos más estables “que garantizan a sus proveedores mejores condiciones”, poniendo en valor además los productos y sirviendo además de canal para su venta en otros países.

“Creemos que el conjunto del sector agrario español debe avanzar en su conjunto en esa dirección para ganar tamaño y competitividad, modernizar sus estructuras de producción, y apostar de manera decidida por la innovación desarrollando nuevas variedades más acordes con las demandas de los consumidores, y diferenciando su la calidad frente a los de otros países”, indicó Del Pino, quien refirió que la industria que representa mantiene totalmente abierta su “voluntad de diálogo y colaboración con el sector agrario y las administraciones públicas en los términos de rigor y profesionalidad”.

Si bien aseguró entender y compartir “plenamente” las dificultades por las que, estructural y coyunturalmente, atraviesa el sector agrario español, afirmó que las cadenas de distribución no forman parte del problema, sino que lo atribuyó a los “problemas derivados de los cambios de demográficos y de hábitos de los hogares, de las perspectivas económicas y de consumo”, las circunstancias climáticas que encarecen los costes y los problemas del comercio internacional.