Así lo dijo Montero en una entrevista en Antena 3 recogida por Servimedia en la que fue preguntada por la devolución del IVA autonómico de 2017 a las regiones.

La ministra señaló que ella ha “heredado” este tema del Ejecutivo del PP que entonces gobernaba y que intentó solventarlo en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019, pero fueron rechazados. “Este Gobierno ha pretendido arreglarlo, pero tumbaron el instrumento que lo hacía posible”, afirmó.

Ante la intención de algunos barones regionales de acudir a los tribunales por este asunto, la ministra señaló que “cada uno puede ejercer su derecho”, pero que “es una tarea que yo intenté arreglar en 2019” y que “en 2020 no es posible acometerlo, lo que no quita que estudiemos medidas paliativas” y que “entre todos lo hablemos” en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebrará este viernes.

Por otra parte, fue preguntada sobre la fiscalidad en España y la posibilidad de que inversores decidan moverse a otros países que les beneficien más.

Montero defendió que el Gobierno aborda este asunto en el marco europeo “para que no haya grandes diferencias y que tengamos una competencia leal entre empresas de nuestro país”. A su juicio, “Irlanda es una excepción”.

En este sentido, señaló que el impuesto de Sociedades rinde “poco” y la intención del Ejecutivo español es establecer una tributación mínima. Además, dijo que “para acabar con las bonificaciones” en Sociedades, se ha encargado un estudio a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) y en base a ello, se tomará una decisión. Si se decide eliminarlas, la ministra explicó que podría incluirse en el proyecto de Presupuestos para este año o aprobarse en otra ley.

En cuanto a otros impuestos como Sucesiones o Patrimonio, la ministra enmarcó cualquier decisión en el debate sobre el modelo de financiación territorial. En este punto, aprovechó para decir que “hay una espiral en este momento de fiscalidad a la baja” por parte de algunas regiones y criticó que “no se entiende muy bien” que esas comunidades además pidan más recursos para financiar servicios públicos.