Según Concapa, esta propuesta “ningunea a la comunidad educativa y en especial a los padres, a quienes no se tiene en cuenta en algo tan trascendental como la educación que recibirán sus hijos”.

La educación diferenciada “es una opción pedagógica perfectamente legítima y amparada por nuestra Constitución”, tratados internacionales y la jurisprudencia española, agregó Concapa.

Además esta norma no se entiende sin la intervención del Ministerio de Educación”, señaló, y apuntó que “si esto va a ser lo habitual, es la tercera ocasión en que el Gobierno utiliza a otros ministerios para modificar aspectos del sistema educativo”.

“Lo que la ley no contempla”, y a juicio de Concapa resulta “flagrante”, es “la discriminación” entre los alumnos de centros públicos y concertados, pues los primeros reciben mucha más inversión.

Además, Escuelas Católicas (que integran FERE-CECA y EyG) subrayó a su vez que “la educación separada no es discriminatoria ni desde el punto de vista legal ni desde el jurídico".

“Tanto la Constitución Española como el Tribunal Constitucional y el Supremo, sin olvidar diversos tratados internacionales, corroboran que no debe estar bajo sospecha”, afirmó.

Asimismo destacó que, aunque esta patronal ha promovido la coeducación en sus centros, “entiende la libertad de enseñanza como un derecho contemplado en nuestra Constitución que debe ser promulgado por las administraciones educativas. Los poderes públicos deben reconocer y garantizar los derechos establecidos en la Constitución, las leyes orgánicas y los tratados internacionales ratificados por España, y no pueden discriminar ni a los centros que optan por un modelo pedagógico debidamente contrastado ni a las familias que lo eligen”, declaró Escuelas Católicas.

Según escuelas Católica, esta opción no tiene “intención de reproducir roles sexistas o trasnochados”, y “se está poniendo en tela de juicio un modelo pedagógico internacionalmente aceptado que busca potenciar al máximo las capacidades de cada sexo adaptándose a sus diferencias en el ritmo de aprendizaje y proceso de maduración”.

Por ello insistió en que “los colegios de educación diferenciada tienen derecho a ser financiados con fondos públicos en las etapas declaradas obligatorias y gratuitas por la legislación”.

LOS PROTESTANTES TAMBIÉN discrepan

Por su parte, la Alianza Evangélica Española aseguró “apoyar la elaboración de una Ley de Igualdad de Trato para desarrollar los artículos 9 y 14 de la Constitución”, y se mostró favorable a que “se tomen medidas que fomenten la igualdad de oportunidades en la vida pública y la asignación de recursos para los colectivos que han sufrido discriminación

Sin embargo, tal como declaró a Servimedia el portavoz de esta asociación, Pedro Tarquis, “si esta norma se desarrolla mal podría limitar la libertad de conciencia y de expresión”.

“Nosotros hemos sido un colectivo discriminado durante cinco siglos de historia y aun hoy se nos invisibiliza y estigmatiza en la sociedad”, señaló, lo que no significa que si un particular critica “nuestra religión” ello implique incurrir en un delito, puntualizó Tarquis.

Ningún colectivo debe confundir la crítica, el desacuerdo y la divergencia lícita de opiniones con un maltrato”, subrayó.

Finalmente, desde la Alianza apuntaron que “no sería razonable (como se está adelantando) invertir la carga de la prueba, ya que crearía indefensión en aquel que fuera acusado de discriminación”.

“Es imposible probar el no haber discriminado, o el no haber apreciado alguien; en cambio es factible demostrar que se ha discriminado u odiado”, concluyó.