Según informó el PRC, la iniciativa reclama también al Gobierno que adopte “todas las medidas necesarias” para que el pago de dicha mensualidad, que en Cantabria es de 42 millones, se produzca dentro del ejercicio presupuestario 2020.

Mazón defenderá ambas propuestas ante la Comisión de Hacienda del Congreso como portavoz del Grupo Mixto en la misma; es, puntualizó, su primera decisión en este cargo.

Además, anunció que propondrá que éste sea el primer asunto que se debata en dicho órgano, para impulsar “una salida” a la situación creada en todas las autonomías y evitar que “se vean abocadas a acudir a los tribunales para exigir un dinero que legalmente es suyo y que el Estado no puede hurtarles”.

El diputado regionalista subrayó que el origen de este problema se encuentra en el cambio normativo que el entonces ministro de Hacienda Cristóbal Montoro implementó en 2017 y que supuso aplazar el pago de las autoliquidaciones del IVA del 20 al 30 de cada mes.

Como consecuencia, la recaudación de diciembre de 2017 no entró en caja hasta enero de 2018, por lo que ese año sólo se transfirieron a las comunidades autónomas los fondos correspondientes a 11 meses. El impacto de esta situación se produjo en 2019, ya que la liquidación se realiza a los dos años.

Mazón recordó que el Gobierno socialista intentó articular una solución a través de los Presupuestos Generales del Estado, pero que éstos no salieron adelante, y mencionó que, desde entonces, portavoces del Ejecutivo han señalado que existen dificultades legales para poder llevar a cabo el abono del IVA a las comunidades autónomas.

Por todo ello, Mazón considera “imprescindible” la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera “con carácter urgente” para buscar “una fórmula que sea factible y que permita acabar con el impago”.

Ahora que varias comunidades se muestran dispuestas a llevar el caso a los tribunales, el diputado del PRC conminó al Gobierno a que “abandone las excusas, dé un paso adelante y plantee las soluciones posibles”, en aras del “buen entendimiento y la lealtad en las relaciones entre el Estado y las comunidades”.