Según cálculos de la patronal, en 2019 se aprobaron 648 nuevas normas de distinto rango a nivel estatal, lo que supone un incremento del 10,2% en comparación a las 588 normas que se adoptaron en 2018.

El censo cae frente a la primera década del siglo XXI e inicio del periodo democrático, algo que la CEOE achaca a las "dificultades para conformar gobiernos estables como consecuencia de resultados electorales que, desde los comicios de diciembre de 2015, han generado un arco parlamentario muy heterogéneo”.

Sin embargo, alerta de una consolidación en la tendencia de crecimiento en la producción de normas por tercer año consecutivo, hasta elevar por encima del millón el número de páginas normativas publicadas en los boletines.

La cifra exacta de páginas ascendió a 1.038.323; en su mayoría publicadas en los boletines de las Comunidades (publicaron 824.040 páginas, un 4,2% más que el año anterior), mientras que el Estado publicó otras 214.283, con un incremento del 3,4% respecto a 2018.

En la Unión Europea, el número de actos jurídicos adoptados subió un 4,9% y ascendió a 1.995, distribuidos en 818 reglamentos, 56 directivas y 1.121 decisiones. La legislación total vigente en la Unión Europea acumula 54.398 normas.

REALES DECRETOS

Por otro lado, subraya que solo el número de reales decreto ley ha sido por cuarto año consecutivo superior al número de leyes ordinarias publicadas en el BOE, algo que en 42 años de democracia sólo se había producido en otras cuatro ocasiones de manera aislada (1978, 2004, 2008 y 2012).

Si bien el recurso a esta figura legal está previsto sólo en casos donde existe una “extraordinaria y urgente necesidad”, sus cálculos revelan que dos de cada tres normas con rango de ley fueron desarrolladas el pasado año a través de un real decreto ley.

El informe de CEOE concluye que España posee un entramado normativo “complejo” al aplicarse normas europeas, estatales, autonómicas y locales, además de los acuerdos internacionales. Ante esta situación, la CEOE demanda que la legislación se componga de normas “claras, simples y en un número reducido que no provoque profusión y dispersión legislativa”.

A juicio de la patronal, resulta “imprescindible” además contar con un marco “estable, fiable” y que cumpla “con los criterios de las buenas prácticas regulatorias” para “fomentar el crecimiento económico y el desarrollo empresarial”. CEOE afirma que la producción normativa “no puede ser injustificada, desproporcionada o discriminatoria”, ni añadir cargas “innecesarias” a las empresas que les obligue a destinar “ingentes recursos que lastran su competitividad e impiden que se genere mayor riqueza y empleo”.