En las presuntas acciones delictivas se vinculó a 14 empresas dedicadas a la comercialización de productos cárnicos en las provincias de Badajoz, Cáceres, Huelva, Salamanca, Granada, Murcia, Madrid, Zaragoza y Barcelona.

La investigación se inició a raíz de una inspección realizada por los veterinarios de Salud Pública de Alcuéscar (Cáceres) para comprobar la trazabilidad de una partida de jamones procedentes de una empresa cárnica. A continuación se realizó una segunda inspección en una empresa de productos cárnicos de Salvaleón (Badajoz), inmovilizando un total de 24.843 jamones y paletas.

Las autoridades advirtieron de ciertas irregularidades como información incompleta en los documentos aportados, modificación en los mismos, coincidencia de fechas en expedición de los mismos productos por distintos operadores, y referencia a direcciones de empresas no registradas por las autoridades sanitarias.

Estos hechos propiciaron la puesta en conocimiento a la autoridad judicial competente, que ordenó la investigación a los agentes del Seprona. El final de la operación resultó con la inmovilización, por parte de la Dirección General de Salud Pública del SES, de 24.843 perniles de cerdo, con un peso total de cerca de 150.000 kilos.