Amnistía alerta al relator de la ONU de los más de 400.000 desahucios ejecutados desde 2013

MADRID
SERVIMEDIA

Amnistía Internacional envió este lunes al relator de Naciones Unidas sobre pobreza extrema, Philip Alston, un informe en el que alerta de los más de 400.000 desahucios ejecutados entre 2013 y 2019, todo ello mientras el gasto personal en vivienda ha aumentado en un 25,9% en los últimos 13 años.

Alston, que se encuentra estos días en España para supervisar los datos de pobreza que presenta el país, se reúne hoy con varias organizaciones. Aprovechando este encuentro, Amnistía Internacional ha publicado un documento en el que recoge cifras como sobre el acceso a la vivienda.

En concreto, el informe da cuenta de los 243.968 desalojos por impago de alquiler, 162.258 por ejecución hipotecaria y 20.367 por otras razones que se han llevado a cabo en los últimos seis años. “No existen datos desagregados por género, edad o por posibles vulnerabilidades que permitan evaluar el impacto de estas terribles cifras en el derecho a la vivienda, pero sabemos que las mujeres son las que enfrentan los mayores obstáculos”, denunció la ONG.

El riesgo de pobreza en España es del 26,1%, pero la cifra se eleva al 42,9% para las familias monoparentales, de las cuales, el 81,8% están encabezadas por mujeres. “No podemos seguir poniendo parches a esta situación: las autoridades tienen la obligación de impedir que la gente acabe viviendo en la calle”, afirmó la organización.

Amnistía explicó al relator de la ONU que los salarios no han crecido de la misma manera para afrontar el gasto en vivienda, pues, si bien los sueldos han subido un 2,2% en el último año, en la última década se ha perdido un 7,8% del poder adquisitivo. Además, “los precios de alquiler se han incrementado hasta en un 50% desde 2013”.

Por último, el informe recoge otras vulnerabilidades de España como la continuidad del copago farmacéutico o la necesidad de revertir las “medidas de austeridad” implementadas en anteriores legislaturas, pues “no se ha vuelto a niveles de inversión en salud previos a la crisis”.

En este sentido, la ONG concluye que “las personas más vulnerables, especialmente las personas con ingresos más bajos, las que sufren enfermedades crónicas, las personas con discapacidad y las personas que reciben atención de salud mental, pagan el precio de unas medidas de austeridad que han hecho que la atención sanitaria de calidad sea menos accesible y más cara”.

(SERVIMEDIA)
03 Feb 2020
GIC/gja