Según explicó el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, en la rueda de prensa posterior a la Junta, la nueva norma supondrá un “hito” en el sector urbanístico, al unificar criterios y simplificar los procedimientos, lo que “facilitará enormemente los trámites a los ciudadanos que soliciten una licencia o una declaración responsable”.

Gracias a esta ordenanza, que unificará las dos que existen en la actualidad para los controles urbanísticos, la Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas (Omtlu) y la Ordenanza para la apertura de actividades económicas (OAAE), “se logrará una mayor seguridad jurídica, más agilidad y, sobre todo, el Ayuntamiento se adaptará a la realidad y podrá dar una respuesta más rápida y adecuada a fenómenos novedosos a los que la normativa actual no llega”.

Fuentes destacó que esta nueva norma es un paso más de su equipo en su apuesta por optimizar los trámites administrativos y eliminar burocracia. “La actividad del Área no está sólo centrada en desbloquear las grandes operaciones urbanísticas, sino en convertirse en un agente facilitador para los madrileños y lograr aquello que parecía imposible, como es dar una licencia en plazo, porque eso, realmente, sí que desbloquea la ciudad y la pone en movimiento”.

La ordenanza, a la que se incorporarán las propuestas que los agentes involucrados en la gestión de las licencias y declaraciones responsables han aportado en los talleres celebrados por la Agencia de Actividades en los últimos meses, también contempla ofrecer una orientación urbanística profesional y personalizada a los ciudadanos sobre los requisitos que deben cumplir para sus trámites.

La agilización no se limita al texto normativo, sino que éste va acompañado de la introducción, por primera vez, de nuevas tecnologías que se incorporarán al Área de Desarrollo Urbano para dar un mejor servicio, más rapidez y facilitar los trámites y el seguimiento posterior.

El delegado comentó que los objetivos principales de la ordenanza son: eliminar la dispersión normativa actual y unificar criterios; reducir y simplificar los procesos y la documentación exigible en cada caso; potenciar la información y el asesoramiento al ciudadano; reforzar los mecanismos de control de la administración; revisar los procedimientos de disciplina y los procedimientos sancionadores; lograr mayor celeridad y eficacia ante actuaciones ilegales; y definir el ámbito de actuación de las Entidades de Colaboración Urbanística (ECU)”.

“Todo ello redundará en una nueva forma de tramitar procesos urbanísticos y en un mejor funcionamiento de la ciudad”, aseguró el responsable del Área de Desarrollo Urbano.

La consulta pública previa, que ahora se lanza durante 30 días naturales, tiene el fin de recabar la opinión de los ciudadanos y de las organizaciones más representativas que potencialmente se puedan ver afectadas por la ordenanza acerca de los problemas que se pretenden remediar y las posibles soluciones. Entre otras cuestiones se les preguntará por la información que les gustaría recibir como apoyo en la tramitación de licencias.