La primera de ellas se basa en la modificación puntual de la plantilla orgánica para comenzar el proceso de estabilización del empleo público. “Son más de 155 plazas que cuentan hoy en día con una inestabilidad laboral muy importante desde hace años”, señaló Natalia de Andrés, alcaldesa de Alcorcón.

En este sentido, añadió que “consideramos que es necesario dar estabilidad en el puesto de trabajo a estas personas que llevan años desarrollando estas funciones o bien a aquellas que opten a estas plazas a través de las pruebas selectivas que se convoquen”.

Con esta medida, continuó, “se da cumplimiento a diversas directivas de la Unión Europa que alertan por el alto nivel de inestabilidad y temporal que es preciso corregir y se reduce la tasa de temporalidad en el empleo público del 23% actual al 8%”.

De Andrés indicó que “de este modo, se ofrece a estas cerca de 155 personas que llevan trabajando de forma ininterrumpida en estas plazas la posibilidad de consolidar su puesto de trabajo mediante un proceso selectivo específico a la par que se dota de mayor eficacia y agilidad a la administración”.

Según explicó la regidora, esta medida se configura como los primeros pasos para hacer efectivo el acuerdo firmado en 2017 por el Ejecutivo central y los sindicatos, tras lo que mostró su sorpresa por el hecho de que “el anterior Gobierno municipal no diera ni un solo paso en esta dirección a pesar de la formalización de este acuerdo”.

Finalmente, señaló que “esta medida que va a dar estabilidad en el empleo que promueve el Ayuntamiento, no supondrá ningún incremento de coste porque son plazas ya creadas y en funcionamiento”.

Además, el Pleno municipal aprobó una segunda medida en materia de recursos humanos: la modificación puntual de la plantilla orgánica para la reclasificación de la Policía Municipal.

“Esta propuesta viene derivada de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid que obliga a los ayuntamientos a que modifiquen este aspecto”, explicó la regidora. “Hablamos de 230 personas que verán reclasificadas sus plazas a un grupo superior, del C1 al C2”.

Por último, De Andrés comentó que “la aplicación de esta ley, que tampoco entendemos por qué no se ha aplicado hasta ahora, es un derecho de obligado cumplimiento que tienen los policías municipales e implicará un incremento a las arcas municipales de 700.000 euros en el ámbito de Personal”.