Así se expresó Saura en unas declaraciones a la prensa en sede ministerial, donde pidió al PP, autor del recurso que ha acabado con esta suspensión parcial del decreto, que “no confunda a la gente”.

“Hay que aclarar los términos para dar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos españoles”, defendió el 'número dos' de Transportes, quien aseguró que tanto la ampliación a cinco años de los contratos como el límite de que el precio suba como el IPC siguen en vigor.

En la misma línea, destacó que el Alto Tribunal también ha abalado otras 20 medidas sociales incluidas en el real decreto para dar garantías a los inquilinos.

En cuanto a una de las disposiciones anuladas, la que se refiere a la vivienda, explicó que el Constitucional cuestiona que sea urgente la intención del Gobierno de movilizar suelo público para permitir la construcción de vivienda social dedicada al alquiler, algo que para Saura tampoco tendrá efecto ya que se trata de una política estructural a medio plazo.

A este respecto, apuntó que el Ministerio sigue trabajando en el plan para promover la construcción de 20.000 de estas viviendas, de las que, según destacó, 5.000 están a punto de iniciarse.