El escrito se opone al recurso presentado por las defensas de los cuatro procesados contra la decisión de Llarena. En el caso de Puigdemont y Comín, dado que son europarlamentarios, la vigencia de la eurorden significa que sólo pueden ser detenidos en España, pero no en otro Estado miembro de la Unión Europea.

La Fiscalía se opone a los argumentos de las defensas que insisten en la necesidad de presentar nuevas cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que aclare cómo afecta a sus defendidos la sentencia que el pasado mes de diciembre que reconoció la inmunidad como europarlamentario al líder de ERC, Oriol Junqueras, que cumple condena por sentencia firme.

Según señala la Fiscalía, "no se trata de interpretar normas comunitarias, sino normas españolas que son objeto de aplicación a europarlamentarios españoles", por lo que "el objeto del reenvío prejudicial europeo no puede ser nunca una cuestión que se refiera al derecho interno".

Para el ministerio público, el sólo hecho de que los reclamados sigan huidos de la justicia "es una circunstancia que justifica y fundamenta 'per se' el fin constitucionalmente legítimo de la medida cautelar adoptada" por el juez Llarena.